Corrupción y persecución en Jujuy: El juzgado contravencional operaba como una caja negra del poder

La causa contra el exjuez contravencional Matías Ustarez Carrillo dejó de ser solo un caso de corrupción administrativa: para amplios sectores sociales, fue también una herramienta de persecución política. Así lo denuncian referentes gremiales y de organizaciones populares, quienes aseguran que el juzgado no solo servía para recaudar ilegalmente, sino también para disciplinar a quienes se manifestaban en las calles.

La Justicia investiga el destino de 500 millones de pesos que no habrían ingresado a las arcas del Estado. Según las pericias, en el Juzgado Contravencional de Jujuy operaba una verdadera banda delictiva, conformada por una secretaria y varios empleados que cobraban multas en forma irregular, quedándose con el dinero. Frente al avance del proceso, Ustarez primero pidió licencia y luego renunció, decisión que fue aceptada por el gobierno provincial.

Sin embargo, el escándalo va más allá del fraude económico. Según denunció el dirigente de la CCC, Santiago Zamora, “esto sirve para ver el sistema que tenemos en Jujuy”. Desde la CTA Autónoma, Claudia Navarro fue más directa: “Este juzgado se diseñó para sacarle plata a los trabajadores”. Por su parte, el dirigente nacional de la CTA, Fernando Acosta, denunció que el juzgado “fue armado para tener una enorme caja”.

El abogado Vicente Casas, especializado en derecho constitucional, señaló con preocupación el “silencio cómplice de los funcionarios” que deberían, al menos, dar explicaciones. Y el policía retirado Cristian Vargas remató: “Sabemos que la recaudación era millonaria”.

La crítica más profunda llegó desde Miguel Ramos, referente de la Biblioteca Niños Pájaros y de la Asamblea Trabajo y Dignidad (ATD), quien aseguró haber sido víctima directa del sistema. “Este juzgado no solo fue creado para recaudar, sino también para perseguir a quienes luchan por sus derechos. Fue una herramienta para hostigar organizaciones sociales, militantes y a cualquiera que se opusiera al poder”, sentenció.

Ramos detalló cómo las contravenciones se usaban como estrategia de disciplinamiento, relatando que su organización sufrió más de 18 causas contravencionales. “Cada vez que salíamos a la calle, por trabajo, por comedores, por los cortes de luz de EJESA, aparecía otra contravención. Las audiencias eran una pérdida de tiempo, el veredicto ya estaba cantado”.

Este mecanismo, agregó, se usó tanto durante la gestión de Gerardo Morales como en el actual gobierno. “Nos siguen persiguiendo. La lógica es la misma. Esto no es solo corrupción, es represión institucionalizada”, concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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