Corrupción en Jujuy: Acusan a funcionarios de montar una estructura estatal para recaudar ilegalmente

La reciente imputación del juez Matías Ustarez Carrillo por corrupción en el Juzgado Contravencional N°1 de Jujuy destapó algo más que un escándalo judicial. Para la diputada electa Noemí Isasmendi, lo ocurrido es apenas “la punta del iceberg” de un entramado de ilegalidades que involucra a ministerios, organismos de control y sectores del poder político.

El caso se conoció a principios de julio, cuando una investigación reveló una red de cobro ilegal de multas contravencionales, por montos millonarios, que habrían sido canalizados mediante una estructura paralela de recaudación. Ustarez fue imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento, aunque la Justicia ya evalúa su rol como posible partícipe necesario de una asociación delictiva con base estatal.

“Donde se toque, algo huele mal. Esta olla no es la única que hay para destapar”, sentenció Isasmendi, quien vinculó la corrupción institucional con la creciente crisis social que vive la provincia. “Uno camina dos cuadras o se va a San Pedro y ve el hambre, la deserción escolar, la informalidad laboral… mientras tanto, el Estado le roba a su propia gente”.

La legisladora también denunció el uso del fuero contravencional como instrumento de persecución política. Según sostuvo, desde allí se operó para disciplinar a organizaciones sociales, abogados, militantes y opositores. “Esto fue una herramienta para callar voces. Hubo colegas que lo padecieron”, aseguró.

Uno de los apuntados directamente fue el secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, a quien Isasmendi exigió que “dé la cara”. “No alcanza con decir que no van a encubrir a nadie. Hay una cadena de mando y debe haber una explicación: ¿dónde fue a parar la plata?”, preguntó. En ese sentido, reclamó detalles públicos sobre la causa, una conferencia de prensa, la devolución de lo cobrado ilegalmente y un mensaje claro a la sociedad: “La gente que pagó su multa fue estafada. ¿Quién se hace cargo de eso?”.

También criticó con dureza el silencio de la Legislatura frente al escándalo: “¿Nadie va a pedir un informe? ¿Nadie va a explicar lo que está pasando?”. Y fue más allá: “Estamos ante una crisis ética e institucional. Si el gobierno radical está pensando en las elecciones de octubre, primero tiene que rendir cuentas. Porque si siguen apareciendo casos como este, se viene una crisis de gobernabilidad”. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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