SADAIC lleva a Manuel Adorni a la Justicia: Lo acusan de difamación y exigen una retractación pública

La tensión entre el Gobierno nacional y las entidades de gestión colectiva sumó un nuevo capítulo: SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música) intimó judicialmente al vocero presidencial Manuel Adorni por declaraciones que consideran “calumniosas, falsas e infundadas” y que, según la entidad, lesionan su honor, su trayectoria y su transparencia institucional.

El hecho que detonó el conflicto ocurrió el pasado viernes 18 de julio, durante la habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. En ese espacio oficial, Adorni afirmó que SADAIC “cobra derechos de autor de forma abusiva” y que “los fondos quedaban en manos de quienes controlaban la entidad”. Ante esa afirmación, el Directorio de SADAIC —integrado por Patricia Sosa, Facundo Saravia, Paz Martínez, Víctor Yunes y otros referentes de la música nacional— no dudó en accionar legalmente contra el funcionario del gobierno de Javier Milei.

Mediante carta documento, los directivos exigieron una retractación pública en un plazo de cinco días hábiles, bajo advertencia de iniciar acciones penales y civiles por calumnias (art. 109 CP), injurias (art. 110 CP) y falsa imputación del delito de administración fraudulenta (art. 173 inc. 7 CP). Desde la entidad remarcan que la acusación de Adorni atenta contra la imagen de una institución que representa a más de 4 millones de autores en todo el mundo y que actúa bajo la Ley 17.648, respetando mecanismos de transparencia y control.

SADAIC se define como una entidad civil, cultural y mutualista sin fines de lucro, y reiteró que su funcionamiento se rige por las normativas vigentes sobre propiedad intelectual. A su vez, denunciaron que este tipo de discursos no solo “desinforman a la sociedad”, sino que contribuyen a un intento sistemático del Gobierno por debilitar el rol de las organizaciones que protegen los derechos de autor.

Una avanzada oficial contra los derechos culturales

El conflicto se da en un marco más amplio de confrontación entre el Ejecutivo y las sociedades de gestión colectiva. En 2024, el Gobierno emitió el Decreto 765/24, que eximió del pago de derechos de autor a obras artísticas reproducidas en “ámbitos privados”, reduciendo los ingresos de creadores y compositoras. Luego, el Decreto 138/25 profundizó el cambio: al fomentar la desregulación del cobro y habilitar negociaciones individuales con grandes empresas, debilitó el poder de negociación de los artistas frente a las discográficas y plataformas.

Desde SADAIC critican que estas medidas “dejan en desamparo a quienes crean” y benefician a los sectores más concentrados de la industria musical. “La música tiene valor y tiene dueño”, manifestaron, enfatizando que no se puede ignorar el derecho constitucional de propiedad intelectual.

Por ahora, la pelota está en la cancha del vocero presidencial, quien deberá decidir si responde al reclamo o enfrenta una causa judicial que podría escalar políticamente. Mientras tanto, el mensaje desde SADAIC fue claro: “SADAIC somos nosotros, los autores y compositores argentinos”. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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