ATE y UPCN, cómplices del vaciamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) atraviesa su momento más oscuro. En medio de la reestructuración del estado que impulsa el gobierno de Javier Milei, el organismo fue formalmente disuelto, aunque continúa operando de manera precaria hasta tanto se apruebe el nuevo organigrama de la secretaría de Transporte de la Nación. Pero el futuro es incierto: no todas sus funciones serán absorbidas por la nueva estructura y la fiscalización federal, con más de 450 agentes distribuidos en todo el país, parece ser una de las principales competencias en peligro.

En ese contexto, los trabajadores comenzaron a autoconvocarse, al margen de los sindicatos tradicionales como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que hoy exhiben un nivel de deslegitimación absoluta frente a la gravedad del desmantelamiento en curso. Según denuncian los propios empleados, son 170 los agentes que firmaron una nota conjunta y comenzaron a asesorarse legalmente para defender la continuidad de la agencia y sus puestos laborales.

Silencios, despidos y traiciones

Las internas sindicales y la complicidad de algunos delegados con la gestión de turno son parte del conflicto. La historia reciente expone una trama que mezcla disciplinamiento sindical, acuerdos por debajo de la mesa y despidos selectivos.

En marzo de 2024, la entonces titular del organismo, Daniela Ortiz, con el aval del responsable de fiscalización, Patricio Smith, orquestó una purga interna junto a Diego Crespo (ATE), dejando fuera a casi treinta trabajadores afiliados y militantes, principalmente de la base Hudson. El objetivo era claro: desarticular la organización desde abajo, eliminar voces críticas y consolidar el control interno, favoreciendo a dirigentes gremiales de UPCN que, lejos de representar a sus compañeros, actuaron como cómplices funcionales del ajuste.

En la actualidad, Smith continúa en funciones, garantizando continuidad a una lógica de favores cruzados, silencios convenientes y protección a trabajadores denunciados penalmente, siempre y cuando pertenezcan a la red de favores gremiales del oficialismo sindical.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el tapete.

El caso Richieri: coimas, alcohol y sumarios enterrados

Uno de los ejemplos más escandalosos del entramado entre UPCN y la gestión estatal es la base Richieri, donde el delegado del gremio, Amílcar Bonelli, cumplía doble función: era también jefe de base. Desde esa posición de poder, según denuncian los trabajadores, se taparon irregularidades graves.

El caso de Alejandro García, alias "Chopper", es emblemático: fue protegido por Bonelli y zafó de un sumario administrativo tras haber salido a patrullar alcoholizado en un móvil oficial. Más tarde fue detenido por Gendarmería Nacional Argentina, procesado por pedir coimas en la ruta, y trasladado como si nada a la base Hudson, donde aún permanece en funciones. A su lado, aparecen otros nombres cuestionados como Hugo y Matías Ceccardi, o Juan Manuel Gutiérrez, todos ellos con causas abiertas, pero cubiertos por un pacto entre UPCN y Smith que les permite seguir cobrando sueldos estatales.

Gremialismo cerrado y sin representación

En la base Hudson, la oficina gremial de UPCN está prácticamente cerrada. Nadie atiende. La representación sindical se ha vuelto una cáscara vacía. Las últimas elecciones en mayo de este año —presuntamente adelantadas para renovar fueros antes del cierre inminente del organismo— se hicieron con lista única, sin debate, sin renovación, y sin participación real de los trabajadores.

Los delegados gremiales no sólo no trabajan ni aparecen por sus puestos, sino que han devenido en intermediarios del ajuste, salvando a sus amigos y condenando al resto del personal.

Como repiten en UPCN, “la única verdad es la realidad”, y en este caso, esa realidad huele a arreglo, encubrimiento y abandono. El vaciamiento institucional, el blindaje a los corruptos y el silencio cómplice de quienes debían defender los derechos laborales componen un escenario en el que la ANSV ha dejado de ser una agencia de seguridad vial para convertirse en un campo de supervivencia política y sindical.

Mientras tanto, el gobierno nacional sigue avanzando con su plan de demolición del estado, bajo la conducción de Pedro Scarpinelli como titular formal de la ANSV, cómplice por omisión o acción directa de este desguace. Su silencio frente a las denuncias y la falta de respuestas a los trabajadores lo colocan en el centro de las críticas. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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