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28 de julio de 2025 | Opinión

Cuando el sistema falla

El caso de Pablo Ghisoni, una víctima de falsa denuncia que sacude a la Justicia argentina

Una denuncia que parecía irrevocable, una prisión preventiva que duró más de dos años, y una confesión inesperada que lo cambió todo. El caso del doctor Pablo Ghisoni, ginecólogo de Lomas de Zamora, ha expuesto con crudeza el costado más oscuro de los conflictos familiares judicializados en la Argentina.

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por:
Mimi Dominici

El pasado 19 de julio, Tomás Ghisoni, uno de los hijos del médico, publicó un video en redes sociales en el que confesó públicamente que la denuncia por abuso sexual contra su padre, que él mismo había impulsado cuando era menor de edad, fue inducida por su madre, la doctora Andrea Karina Vázquez.

“No fue una mentira que yo inventé, fue una historia impuesta por una figura adulta en la que yo confiaba plenamente: mi madre”, declaró Tomás en el video que rápidamente se viralizó. “No tengo más nada que perder, pero quiero que mi papá recupere su dignidad”, agregó.

La denuncia original se remonta a 2016, cuando dos de los tres hijos del matrimonio Ghisoni-Vázquez acusaron al padre de abuso sexual. La causa tomó fuerza rápidamente: Pablo Ghisoni fue privado de su libertad en 2020, permaneciendo más de dos años en una institución psiquiátrica y luego bajo arresto domiciliario durante otros seis meses. Todo esto, sin que se agregaran nuevas pruebas durante la instrucción del caso.

En 2023, el Tribunal Oral Criminal N.º 3 de Lomas de Zamora absolvió a Ghisoni por falta de evidencia, y la Cámara de Casación confirmó el fallo. Sin embargo, la madre apeló, impidiendo que la sentencia quedara firme.

La reciente confesión de Tomás ha generado un nuevo giro en la causa. La fiscalía formuló una denuncia penal contra Andrea Vázquez por los delitos de instigación a falso testimonio, falso testimonio calificado y asociación ilícita.

Según se desprende del expediente, existiría una red de profesionales —abogados, psicólogos y peritos— que habrían intervenido activamente para construir una denuncia sin sustento real, con el objetivo de apartar a Ghisoni del vínculo con sus hijos y del ejercicio pleno de la patria potestad.

Este caso no es aislado. Diversos estudios reflejan que una proporción significativa de denuncias por abuso en contextos de divorcios conflictivos carecen de pruebas sólidas y, sin embargo, avanzan judicialmente bajo el principio de “creer en la víctima”.

Según el Observatorio de Falsas Denuncias en Argentina: El 64 por ciento de las denuncias por violencia o abuso en separaciones judicializadas no llegan a juicio por falta de evidencia. De esos casos, más del 60 por ciento son sobreseídos o absueltos, pero la revinculación con los hijos casi nunca se concreta. En al menos 11 casos documentados en la última década, padres inocentes se suicidaron tras años de condena social y judicial sin sentencia firme.

El caso Ghisoni también ha encendido una controversia social sobre el rol de ciertos sectores del feminismo radicalizado, que promueven un enfoque punitivista en el cual el testimonio de la mujer es incuestionable, incluso ante la falta de pruebas. “Ninguna denuncia puede estar por encima del debido proceso ni puede utilizarse como un arma para destruir a alguien”, sostuvo el abogado Julián Peña Balbo, quien representa a Ghisoni en la causa civil y ahora también en la demanda penal contra su exesposa.

Desde sectores judiciales y académicos, se pide equilibrio: proteger a las víctimas verdaderas sin criminalizar a inocentes por presunción. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sido interpelada por múltiples organismos de derechos humanos que reclaman revisión de protocolos periciales y formación en sesgos judiciales, especialmente en temas de abuso intrafamiliar.

El ministerio Público Fiscal investiga actualmente la posible existencia de una organización delictiva orientada a fabricar denuncias en contextos de separaciones conflictivas, utilizando informes psicológicos pagos, dibujos manipulados por los menores y pericias sin aval científico.

Por su parte, Pablo Ghisoni, hoy libre pero profundamente dañado, lucha por recuperar el vínculo con sus hijos y limpiar su nombre. Tomás, el hijo que viralizo el video, donde decía que había declarado falsamente en contra de su padre, hoy solo se comunica con su progenitor a través de mensajes, ya que el padre le pidió que le diera tiempo para procesar todo lo ocurrido.

“Me destruyeron. Me quitaron el trabajo, mis pacientes, mi libertad, y a mis hijos. Ahora solo quiero reconstruir lo que me queda de vida”, dijo Ghisoni y pidió que intervengan las autoridades pertinentes, porque teme por la integridad física de su hijo menos ya que aún permanece bajo la tutela de la madre.

El caso Ghisoni no solo expone un drama personal, sino que pone en jaque a un sistema judicial que muchas veces actúa por reflejo, sin pruebas ni criterio de verdad, guiado por el miedo a dejar impune un delito, pero dejando en el camino vidas inocentes destrozadas. Nuestro equipo, a presentado un proyecto de ley donde las denuncias falsas sean penadas con todo el rigor de la ley, por otro lado, también solicitamos que no se corte el vinculo entre padres e hijos.

Teniendo en cuenta este suceso, solicitamos que se revisen las causas que han llevado a la separación entre padres e hijos, ya que, tomando este caso atroz como testigo, entendemos que hay muchos hombres que se encuentran en situaciones similares. Exigimos que se actúe rápidamente en resolver y revisar casos de años pasados para no seguir cometiendo injusticias.

Por lo tanto, entendemos que la justicia no debe estar atravesada por sesgos feministas, ni ser cómplice de algunas mujeres inescrupulosas que denuncian a sus ex maridos a modo de vendetta y usan estas herramientas para llevar a cabo extorsiones en contra de los mismos.

Por otro lado, estas falsas denuncias perjudican profundamente a las verdades víctimas, las medidas de protección fueron creadas para proteger y salvar vidas no como herramientas de venganza. Cuando las denuncias falsas no son condenadas con firmeza, la verdadera justicia queda atrapada entre el prejuicio y la impunidad. La pregunta urgente es: ¿cuántos Pablos Ghisoni más hay en la Argentina, esperando que alguien les crea?

 

(*) Mimi Dominici es comunicadora pública y política por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).


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