Veto a la Emergencia en Discapacidad: "Hay una intención de exterminio”

Durante la entrevista, la activista denunció la situación crítica que atraviesa el colectivo: "No nos agarra con ingenuidad, sabíamos que esto iba a ocurrir. El gobierno no sólo no reconoce que las personas con discapacidad estamos en emergencia, sino que hay una intención de exterminio. No es solo el veto a una ley, es una política integral para borrarnos del mapa".

En este sentido, Laura Alcaide detalló algunos de los principales golpes del ajuste: "Despidieron a 350 trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), lo que implica un vaciamiento brutal del organismo que regula todas las políticas públicas en discapacidad. Se están cayendo prestaciones, no se paga a transportistas, ni a terapeutas, ni a profesionales del área".

“Los trabajadores del sector no reciben aumentos desde octubre, cobran salarios miserables y con tres meses de atraso. Algunos están dejando de trabajar con personas con discapacidad porque ya no pueden sostenerlo”, agregó.

A su vez, se refirió a las consecuencias directas sobre la vida cotidiana de miles de personas: “No estamos hablando solo de salud y educación. También hablamos de transporte, recreación, de derechos básicos. Las pensiones no contributivas son de hambre: 270 mil pesos la nacional, 90 mil en la provincia de Buenos Aires. Y aún así, dieron de baja 65 mil pensiones tras una auditoría fraudulenta”.

Por otro lado, la dirigente criticó los mecanismos de control que intenta implementar el estado: “La ANDIS está ofreciendo horas extras a sus empleados para que den más pensiones de baja. Están enfrentando a trabajadores con personas con discapacidad. Además, quieren imponer un sistema de geolocalización para monitorear prestaciones, cuando muchas personas no tienen dispositivos móviles ni conectividad”.

La referente también denunció el carácter represivo del gobierno: “Cuando salimos a manifestarnos, nos encontramos con el protocolo de la ministra Patricia Bullrich, con represión, con violencia institucional. Nos insultan, nos estigmatizan, nos tratan de imbéciles en resoluciones oficiales”.

En ese sentido, recordó la polémica resolución 187/2025: “Logramos que se retrotrajera una parte, pero planteaba modificatorias regresivas para acceder a pensiones no contributivas y usaba terminología ofensiva y arcaica. Es una muestra más del desprecio con el que nos miran”.

Finalmente, Alcaide cuestionó la concepción economicista del gobierno: “Nos consideran parte del déficit, como si fuésemos una carga improductiva. Pero todas las personas, con o sin discapacidad, aportamos al estado con nuestros consumos, con nuestra presencia. El estado, en cambio, nos devuelve represión y abandono”. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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