Denuncian al diputado Sebastián Pascual por cohecho, ñoquis, denuncias falsas y violencia de género

Cinco denuncias formales, firmadas y presentadas por Paola Albarracín, acusan al diputado provincial de la La Libertad Avanza, Sebastián Pascual, de un conjunto de conductas que, de comprobarse, configurarían delitos contra la administración pública, irregularidades laborales y hechos de violencia de género. Las presentaciones fueron radicadas ante la subsecretaría de Transparencia Institucional de la provincia de Buenos Aires, órgano encargado de recibir y canalizar denuncias por faltas éticas y hechos de corrupción en el ámbito provincial. 

Según las presentaciones a las que tuvo acceso REALPOLITIK -y  que fueron cargadas a la plataforma de la también denominada Oficina Anticorrupción-, existen cinco líneas principales de denuncia:

- Denuncias falsas y armado de causas. Se imputa a Pascual, junto a su secretaria parlamentaria y asesor, la planificación y puesta en marcha de denuncias penales falsas (incluida una tentativa de acusación por abuso sexual contra menores) para desprestigiar a funcionarios y generar impacto mediático. La presentación invoca delitos como falsa denuncia (art. 245 CP) y calumnias agravadas.

- Contrataciones irregulares / ñoquis y exigencia de retornos. Se denuncia la colocación de asesores, ex parejas y allegados en la nómina de la Legislatura u otras contrataciones, con exigencia de “devolución” de más del 50 por ciento del haberes o cobranzas por comisiones. 

- Trabajadora doméstica no registrada. La denunciante afirma que Pascual mantiene desde hace años una empleada doméstica (identificada en la presentación como “Blanca”) sin registración ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ni aportes, instancia que además de una infracción laboral, constituiría un contrasentido ético tratándose de un funcionario público. 

- Cohecho, negociaciones incompatibles y tráfico de influencias. Se acusa al diputado de utilizar su cargo para favorecer empresas vinculadas a amigos y asesores (se alude a la empresa Generación TY / Streambe Software y Sistemas) y haber percibido comisiones o dádivas por esas gestiones. En la denuncia se citan hechos presuntamente ocurridos entre marzo y junio de 2025. 

- Conducción en estado de ebriedad y conductas públicas reprochables. La denunciante declara ser testigo de episodios en que Pascual manifestó haber conducido alcoholizado y de momentos en que circuló ebrio, lo que es presentado ante la comisión de Ética de la Legislatura por violación de deberes de decoro y riesgo para la seguridad pública.

En todas las presentaciones se detallan pruebas iniciales -capturas de pantalla, audios, videos y mensajes- y se solicitan medidas administrativas y penales: requerimientos a la ARCA, intervención del ministerio de Trabajo, apertura de actuaciones internas en la Legislatura (comisión de Ética) y, en su caso, la actuación de la Justicia Penal.

La denunciante adjuntó una serie de archivos y pruebas digitales que enumera en cada presentación.

Nombres que aparecen en las presentaciones

Las denuncias mencionan, además de Pascual, a varias personas vinculadas a su entorno político y laboral: Jimena Castañeira Arce (secretaria parlamentaria), Claudio Yapura (asesor ejecutivo), Florencia Natalia Acosta (asesor/a señalada), Gastón Gugliotta (asesor), y la empresa Generación TY / Streambe Software y Sistemas. Todas estas referencias aparecen en el texto de las denuncias y como apuntes de la prueba adjunta.

Quién es Sebastián Pascual 

Sebastián María Pascual integra la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires (mandato 2021–2025) por la tercera sección electoral y pertenece al bloque La Libertad Avanza. Además, en las últimas semanas distintos medios locales consignaron denuncias públicas (incluida la denuncia por violencia de género) y versiones sobre un supuesto manejo interno que habría protegido al diputado dentro del espacio político. 

Las presentaciones citan una batería de normas del Código Penal y laboral como posible encuadre de los hechos denunciados: falsa denuncia (artículo 245 CP), calumnias agravadas (109 CP), abuso de autoridad (248 CP), asociación ilícita (210 CP), cohecho (256/256 bis CP), negociaciones incompatibles con la función pública (265 CP), malversación de caudales públicos (257 y concordantes), y normativa laboral relativa a la registración y derechos de las trabajadoras domésticas (LCT y ARCA). Las denuncias piden además la intervención administrativa y penal correspondiente. 

Estado de la presentación

Las cinco actuaciones fueron presentadas a través del canal de denuncias de la subsecretaría de Transparencia Institucional de la provincia de Buenos Aires, cuyo portal y procedimiento de recepción están publicados en la web oficial del ministerio de Justicia provincial. La subsecretaría es la vía administrativa que centraliza denuncias por faltas éticas y posibles hechos de corrupción en el ámbito provincial. 

En la última semana han circulado notas periodísticas que reproducen parte de estas acusaciones y señalan la existencia de una denuncia por violencia de género contra Pascual, además de versiones sobre un presunto encubrimiento desde las autoridades del espacio político. Dada la gravedad de las imputaciones, el caso ya fue al menos tematizado en portales locales y en programas radiales. 

En ese marco, Paola Albarracín solicitó públicamente la difusión de las denuncias para evitar lo que interpreta como un encubrimiento por parte de dirigentes del partido, y pide:

- Inicio inmediato de actuaciones administrativas por parte de la subsecretaría de Transparencia.

- Requerimiento de informes a ARCA y al ministerio de Trabajo para verificar la registración de la empleada doméstica.

- Intervención de la comisión de Ética de la Legislatura bonaerense.

- Que, de comprobarse ilícitos, se inicien las acciones penales correspondientes.

Finalmente, la denunciante afirma además que, tal y como lo dio a conocer este medio, algunos funcionarios del espacio tenían conocimiento de estos hechos desde abril y optaron por “tapar” las denuncias, por lo que exige medidas que impidan la impunidad. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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