Santa Cruz promulga la nueva Ley del Tribunal de Cuentas para reforzar el control de los fondos públicos

El Gobierno de Santa Cruz oficializó la Ley N° 3938, una reforma clave que redefine la estructura, atribuciones y procedimientos del Tribunal de Cuentas, órgano encargado del control externo de la administración provincial. La norma, sancionada por la Legislatura el 12 de junio y promulgada el 8 de julio, ya fue publicada en el Boletín Oficial y entrará en vigencia al día siguiente de su difusión.

Un nuevo marco para la fiscalización

La ley establece al Tribunal de Cuentas como el ente de control posterior de la gestión financiera, patrimonial y legal del sector público provincial, municipios, comisiones de fomento y entidades que administren fondos estatales. Estará compuesto por un presidente y cinco vocales, todos profesionales en Ciencias Económicas o Derecho. Los miembros serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo legislativo, excepto uno que será propuesto por la primera minoría política.

Entre las novedades, se incorpora la inamovilidad de los integrantes mientras mantengan “buena conducta”, con remoción únicamente por causales específicas. Además, se les prohíbe ejercer otros cargos públicos o actividades rentadas, salvo la docencia. El cuerpo contará con secretarios presupuestarios y legales, auditores y personal técnico, seleccionados mediante concurso.

Procedimientos y sanciones

La norma fija procedimientos claros para la revisión de cuentas, la imposición de multas de hasta el 50 % del sueldo en casos graves y la posibilidad de iniciar juicios de responsabilidad contra funcionarios. También introduce plazos perentorios para la presentación y resolución de expedientes, con el objetivo de agilizar la fiscalización.

Otra innovación es la creación de un recurso de revisión ante el propio Tribunal y la posibilidad de apelar ante la Justicia en caso de resoluciones condenatorias.

Una reforma con impacto abierto

La Ley N° 3938 deroga la normativa anterior y busca modernizar el control de la hacienda pública provincial, alineándose con estándares de eficiencia y accountability. No obstante, su efectividad dependerá de la implementación concreta en un contexto donde crecen las demandas ciudadanas por mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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