Luis Caputo minimiza la discapacidad con cifras falsas y agravio capacitista

Este entramado, destapado por la difusión de audios que denuncian supuestas coimas cobradas por la propia hermana del presidente, Karina Milei, ya derivó en la remoción del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. Al día de hoy, lo único que se escucha es el silencio atronador de un gobierno combativo, estridente y verborrágico, pero que frente a este caso sigue sin emitir palabra.

Fue en este marco que se dio una escena tan viral como vergonzosa. Allí se lo ve al ministro Luis Caputo, en un canal de streaming, riéndose de una “broma” que pretendía insultar a la militancia kirchnerista tildándola de “discapacitada”. El uso de la discapacidad como insulto es una práctica que el actual gobierno ha naturalizado; el propio presidente Javier Milei es el primero en replicar mensajes estigmatizantes. Sin embargo, sin dejar de repudiar enérgicamente estas prácticas, resulta necesario prestar especial atención a lo que dijo Caputo después de su risa.

“En 2001 teníamos 75.000 personas con discapacidad. Y la Argentina tenía 36 millones de habitantes. Hoy tenemos 46 millones. Si lo hacemos proporcionalmente, hoy debería haber en la Argentina más o menos 97.000 discapacitados. Entonces, en vez de haber 97.000 hay 1.250.000”.

La cifra de 75.000 personas que menciona el ministro no tiene respaldo en los registros oficiales. Como bien señalamos, la Primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (ENDI), complementaria del Censo 2001, ya había arrojado un número mucho más alto: 2.176.123 personas, lo que representaba el 7,1 % de la población total (INDEC).

Observando los datos más recientes, el Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad de 2018 estimó que el 10,2 por ciento de la población de seis años o más presentaba alguna dificultad o limitación permanente. De manera consistente, interpretaciones del Censo 2022 sitúan la prevalencia en torno al mismo porcentaje, lo que representa una magnitud poblacional cercana a los 5 millones de personas (INDEC).

La cifra de 1.250.000 que tanto menciona y que le sorprende al ministro, puede que no se refiera a cuántas personas con discapacidad hay en Argentina, sino a cuántas poseen el CUD; aun así, el número está desactualizado. Según datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a marzo de 2025 hay 1.900.000 argentinos con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

El aumento sostenido en la emisión de CUD, desde su creación en 2001, responde a una combinación de factores. Un hito fundamental fue la adhesión de Argentina en 2008 a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que introdujo el modelo social en la comprensión de la discapacidad. A partir de ese momento, las Juntas Interdisciplinarias empezaron a usar un enfoque más completo, el llamado modelo biopsicosocial, siguiendo las pautas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Paralelamente, la expansión del número de juntas evaluadoras en todo el territorio nacional permitió ampliar la cobertura y el acceso al trámite. Al mismo tiempo, el CUD se transformó en un requisito indispensable para acceder a prestaciones de salud, transporte gratuito y otros derechos, lo que favoreció su creciente difusión. Por otra parte, las cifras en Argentina están en línea con los datos de la región y del mundo. América Latina y el Caribe: El Banco Mundial estima que aproximadamente 85 millones de personas, equivalentes al 14,7 por ciento de la población, viven con algún tipo de discapacidad (BM).

A nivel global: La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 16 por ciento de la población mundial tiene discapacidad, lo que equivale a más de 1.300 millones de personas. Como vemos, la situación de las personas con discapacidad no es una anomalía argentina. La aritmética falaz de Caputo fue replicada también por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien en agosto de este año tildó la cifra de “estratosférica” y la comparó irónicamente con un país en guerra.

Esa postura expone, en el mejor de los casos, un desconocimiento peligroso sobre un colectivo mucho más vasto y complejo de lo que sus números estrechos pretenden mostrar. En el peor, revela una operación deliberadamente engañosa destinada a deslegitimar los reclamos de este colectivo y justificar el desguace de las políticas públicas.

Hace unos meses, Spagnuolo decía: “Si tuviste un hijo con discapacidad es problema de la familia, no del estado”, otra táctica de este gobierno para atacar al colectivo y justificar los recortes. Esa frase implica un retroceso inconmensurable: reinstala la teoría de la tragedia personal, que concibe la discapacidad como hecho trágico que le ocurre a individuos de forma aleatoria.

Bajo esa mirada, los problemas quedan individualizados y las estructuras sociales y económicas que los producen permanecen intactas. Al transformar lo social en individual, este enfoque oculta el vínculo entre desigualdad y discapacidad, encubriendo factores políticos, sociales y ambientales profundamente incapacitantes, desde la desnutrición y las malas condiciones laborales hasta la contaminación ambiental.

En este sentido, la discapacidad se vuelve una verdadera herencia social. Los agravios capacitistas, los recortes presupuestarios y la regresión de presentar como individual una problemática de raíz social constituyen un preámbulo para invisibilizar a millones de personas con discapacidad.

Reducir sus cifras, pese a la evidencia de datos nacionales, regionales y globales, no es un error inocente: es un acto deliberado de desprecio. Como advirtió Hannah Arendt, la mentira se vuelve acción política cuando los hechos son reemplazados por ficciones funcionales al poder. En la aritmética falaz de Caputo late justamente esa intención: borrar de la esfera pública a millones de argentinos y argentinas para legitimar el desguace de sus derechos.

 

(*) Maximiliano Morales Martelli es abogado. 

¿Qué te parece esta nota?

COMENTÁ / VER COMENTARIOS