Andrés Larroque desempolvó un expediente de 2017 para cesantear a seis trabajadores

El día 5 de agosto, la directora ejecutiva del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA), Andrea Cáceres, firmó la resolución por la cual se resolvió cesantear a seis trabajadores del organismo, por una fuga ocurrida en el 12 de marzo de 2017 en el centro de recepción de Malvinas Argentinas (Pablo Nogués), hace ya más de ocho años. La sanción fue comunicada a los trabajadores al día siguiente, el 6 de agosto, por un telegrama firmado por el director de Personal, Lucas Benítez.

Es vox populi en el OPNyA que el único motivo de esta sanción fue la persecución contra uno de los sancionados, Pablo Lenz, vocero de un agrupamiento sindical llamado Sindicato de Trabajadores Auxiliares No Docentes, Administrativos y Minoridad (STANDAYM). La idea de desempolvar un expediente que se encontraba archivado desde hacía cuatro años se le atribuye al director provincial de Establecimientos Penales Juveniles, Claudio “Momia” Otero, acompañado por los directores regionales Martín Pérez González (La Plata), Juan Rebairols (Conurbano) y Gustavo Mendoza (Interior). No les importó que para vengarse de Lenz afecten el trabajo de otros cinco trabajadores, con veinte o treinta años de antigüedad.

Lo peor es que para insistir con que las autoridades máximas del OPNyA tomaran esta decisión, esperaron que falleciera el séptimo trabajador involucrado en este expediente, Juan Carlos Miranda, quien se desempeñaba hasta su muerte como director del centro de recepción de Lomas de Zamora, bajo la órbita del mismo “Momia” Otero. Miranda estuvo internado durante dos meses hasta que falleció, el 8 de julio pasado. El OPNyA lo recordó en sus redes sociales, resaltando su compromiso, su calidez, su sensibilidad y su profunda vocación. Un mes después, en la misma resolución, declaró extinguido el poder disciplinario sobre Miranda, debido a su fallecimiento. ¿Si no hubiera fallecido, lo hubieran cesanteado también? Una muestra más de la crueldad y la hipocresía de la gestión del OPNyA, mientras la misma Andrea Cáceres acompaña al ministro Andrés "Cuervo" Larroque en la campaña electoral hablando de la crueldad del gobierno de Milei.

El posteo realizado en despedida al trabajador del OPNyA.

No hay antecedentes que el OPNyA alguna vez en su historia haya resuelto cesantear a trabajadores debido a la fuga de menores de los centros de detención, sabiendo además que esta gestión ostenta el record de fugas. “Si cada vez que hay una fuga cesantearan a los asistentes de la guardia, el OPNyA se quedaría sin trabajadores en los institutos”, dicen. En otros casos se han decidido por fugas de menores de centros cerrados, sanciones de suspensión de un día, una semana o hasta quince días, no más que eso, según el nivel de responsabilidad y las características de la fuga.

Siguiendo con las cuestiones llamativas de este caso, la resolución dictada por el OPNyA omite decir que si bien la dirección de Sumarios propicia la cesantía de los siete agentes involucrados (Fs. 3), la Junta de Disciplina, que es la que elabora el dictamen final, resuelve tomar en cuenta varios atenuantes (Fs. 4), por lo que propicia que la sanción sea una suspensión por treinta días (Fs. 4 y 5). Contrario a lo que ocurre en todos los casos, el OPNyA resolvió una sanción más grave que la que propiciaba el dictamen final. Luego de emitido el dictamen, la ex directora provincial Gabriela Tozoroni lo archivó, y recién ahora bajo la presión del "Momia" Otero lo desarchivaron.

Telegrama de Cesantía.

Según las reuniones que tuvieron varios de los sancionados con el subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil, Pablo Lachener, superior del "Momia" Otero, la resolución dictada sería anulada, quedando sin efecto la cesantía, aunque no se sabe aún si esto sería para todos los afectados, incluido Lenz, y si se impondría otra sanción. Esta situación provocó otro quiebre más entre las autoridades del OPNyA, debido a tener que tolerar las actitudes de “Momia” Otero, quien contaría con fuertes apoyos políticos que impedirían su remoción, junto con la del también resistido Martín Pérez González.

También llamó la atención la indiferencia de los sindicatos ante la cesantía de seis trabajadores. La Unión del Personal Civil de la Nación UPCN y el Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME) ni se ocuparon del caso, y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) directamente avaló la decisión (dos de sus principales dirigentes Fabricio Nosenzo y Roberto Báez, este último ex delegado de ATE en Pablo Nogués, son funcionarios con cargo en el OPNyA, y participan de la recientemente lanzada agrupación Tres Banderas, que apoya al ministro Larroque).

Finalmente, vale destacar que los únicos agrupacmientos sindicales que se solidarizaron con los agentes cesanteados, además de STANDAYM, fueron ATE sur de Lomas de Zamora y Almirante Brown, y ATE lista Naranja de la Junta Interna de La Plata del OPNyA. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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