Emergencia en Discapacidad: "La ley implica solo un 0,2 por ciento del PBI, el veto fue ideológico"

"Argentina tiene un sistema de prestaciones básicas que es ejemplar a nivel mundial, porque busca equidad y no igualdad de oportunidades, cubriendo desde pensiones no contributivas hasta tratamientos médicos obligatorios por ley", comenzó explicando Juan Cruz San Martín Macia.

El especialista señaló que el sistema está siendo "dolosamente malversado": "No se aumentan las pensiones que hoy rondan los 290 mil pesos por mes, se someten a auditorías que muchas veces buscan retirarlas en lugar de controlar irregularidades, y los tratamientos médicos se ajustan de manera arbitraria. Esto genera un retroceso grave en la calidad de vida de las personas con discapacidad".

San Martín Macia detalló también que los ajustes afectan directamente a los profesionales que trabajan con personas con discapacidad: "Psicólogos y terapistas cobran lo mismo desde diciembre de 2024, mientras que los costos de transporte, alimentos y alquiler aumentan constantemente. Esto hace que muchos dejen de trabajar con obras sociales y solo atiendan de manera particular, dejando sin atención a quienes no pueden pagar".

El abogado destacó la magnitud del impacto: "El 14 por ciento de la población argentina tiene algún tipo de discapacidad certificada. La ley de Emergencia en Discapacidad iba a mejorar la calidad de vida de casi 12 mil personas, implicando solo un 0,2 por ciento del PBI. Sin embargo, el gobierno decidió vetarla, demostrando que las decisiones son ideológicas y no financieras".

San Martín Macia concluyó: "Se está desprestigiando a las instituciones, a los profesionales y a las personas con discapacidad. El sistema de prestaciones debe ser garantizado, accesible y respetuoso de los derechos, porque aquí no se trata de un número, sino de la vida y la dignidad de millones de argentinos". (www.REALPOLITIK.com.ar)

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