IOSFA: Déficit, deudas y una gestión que juega con la salud de las Fuerzas Armadas

Tal como develó REALPOLITIK esta semana, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) atraviesa un delicado momento en términos de gestión. Según un documento oficial elaborado por Unidad de Planeamiento y la Tesorería de IOSFA, la prestadora sostiene de una deuda por una suma de 238.678 millones de pesos, donde 9.822 millones de ellos corresponden a intereses por incumplimiento de pagos a un préstamo del Instituto de Ayuda Financiera (AIF). Un número bastante más alto al que el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, reconoció tener (120.000 millones).

Ahora, otro documento, precisamente un convenio con firma en conjunto entre el instituto de las fuerzas armadas, el estado mayor conjunto y las fuerzas armadas; dejaron al descubierto más deficiencias graves en el circuito administrativo de facturación, lo que obligó a implementar un nuevo mecanismo de financiamiento para intentar reducir el impacto deficitario.

Sin embargo, esta medida parece ser apenas un parche frente a una crisis mucho más profunda que, como se mencionó anteriormente, incluye una deuda millonaria y una gestión cuestionada. Un reciente convenio, rubricado por la presidenta de IOSFA, Betina Surballe, y los jefes de los estados mayores de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea, reconoce explícitamente "deficiencias detectadas en el circuito administrativo de facturación vigente".

Estas deficiencias, que por el momento no tienen responsable acusado, llevaron a establecer una cuota mensual del 2 por ciento sobre la masa salarial del personal militar y soldados voluntarios, a ser abonada por las direcciones de Sanidad de las Fuerzas Armadas. Este aporte, que se calcula sobre sueldos, bonificaciones y otros conceptos, busca garantizar la sustentabilidad del sistema de salud.

Todo pareciera indicar que esta iniciativa solo generará una pequeña calma en medio de la tormenta, dado que las implicaciones de esta crisis son múltiples. Por un lado, las deficiencias administrativas en la facturación sugieren una falta de control y eficiencia en la gestión de los recursos, lo que podría traducirse en demoras o irregularidades en el pago a prestadores médicos, afectando la disponibilidad de servicios. 

Si bien el convenio no menciona explícitamente interrupciones en las prestaciones, la necesidad de un nuevo mecanismo de financiamiento y la mención de "garantizar una mejor atención" insinúan que el sistema actual no está funcionando como debería. Para los beneficiarios —militares en actividad, soldados voluntarios y sus familias—, esto podría significar dificultades para acceder a consultas, medicamentos o tratamientos especializados, especialmente en casos de accidentes laborales o enfermedades profesionales. Deficiencias a las que, lamentablemente, muchos de ellos se acostumbraron.

Además, aunque el convenio establece que las Fuerzas Armadas asumirán la responsabilidad de los reclamos judiciales relacionados con las prestaciones, esto no garantiza que los beneficiarios no enfrenten más trabas burocráticas o demoras en la atención. En tanto, la incertidumbre persiste: la deuda que reconoció Petri no solo existe, sino que es peor, y las medidas que toman desde IOSFA no solucionan los problemas de raíz, solo contienen la explosión mientras los beneficiarios sufren las consecuencias. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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