Denuncian a Patricia Bullrich y al jefe de la Policía Federal por abuso de autoridad y terrorismo

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal recibió una denuncia penal presentada por el dirigente Juan Ricardo Mussa contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el comisario general Luis Alejandro Rolle, jefe de la Policía Federal Argentina (PFA). El escrito cuestiona la validez del decreto 383/2025, que otorgó facultades excepcionales de carácter militar a la PFA, y solicita su nulidad por considerarlo violatorio de la constitución y de la legislación vigente.

Según la presentación, el decreto en cuestión constituye la creación de una “fuerza especial de represión” que habilita a la Policía Federal a detener ciudadanos y allanar domicilios sin orden judicial, lo que –a criterio del denunciante– configura un modelo represivo de características “nazis”. En ese marco, se acusa a las autoridades nacionales de incurrir en abuso de autoridad, terrorismo de estado, extorsión, incumplimiento de deberes de funcionario público, tráfico de influencias y violaciones a la ética pública, en línea con los artículos 172, 173, 248, 253 y 265 del Código Penal.

La denuncia toma como hecho central la represión que habría sufrido el exministro y actual candidato a senador Gabriel Katopodis en la estación Caseros del tren San Martín. Mientras repartía volantes de campaña y dialogaba con vecinos, efectivos de la PFA interrumpieron la actividad y lo conminaron a retirarse. El propio Katopodis, visiblemente sorprendido, cuestionó el origen de la orden, a lo que un agente respondió que provenía de “su superior”, en alusión directa al jefe Rolle. El episodio fue interpretado por testigos como un acto de censura política en plena campaña electoral.

El denunciante solicitó que se autorice su participación como querellante en la causa en carácter de ciudadano y víctima. La presentación también incluyó un apartado en el que se denuncian supuestas irregularidades en una licitación del Banco de la Nación Argentina a favor de la empresa de seguridad Tech Security, vinculada a la familia Menem. El contrato adjudicado alcanza los 3.900 millones de pesos y, de acuerdo al escrito, fue otorgado en condiciones que vulnerarían las normas administrativas vigentes.

En su petitorio, Mussa reclamó que el Congreso de la Nación Argentina derogue el decreto cuestionado, retrotrayendo sus efectos y restituyendo el marco legal anterior. “La situación es concreta sobre la invalidez del acto jurídico que se provocó con este acto administrativo”, señala el escrito, que invoca la ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Víctimas, así como la normativa PGN 10/09.

La denuncia abre un frente judicial delicado para el gobierno, en un contexto en el que el ministerio de Seguridad refuerza la presencia de fuerzas federales y endurece los protocolos de intervención. Resta que la Cámara Federal defina si da curso a la investigación y, en ese caso, qué medidas procesales ordenará respecto de los funcionarios señalados. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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