El gobierno de Alfredo Cornejo fue denunciado ante la Corte Suprema por favorecer a Eduardo Elsztain

El magnate Eduardo Elsztain tomó protagonismo en la agenda pública en 2023, no sólo como uno de los principales aportantes de campaña de Javier Milei, sino también como su autodenominado “referente espiritual”. Es propietario del Libertador Hotel, donde el actual presidente residió durante parte de la campaña e incluso luego de resultar electo.

Elsztain es presidente de Inversiones y Representaciones SA (IRSA), valuada en 88.860 millones de pesos según la última cotización bursátil. A través de Cresud SACIF y A, controlada por IRSA, es titular de 424 hectáreas en Agrelo, Luján de Cuyo, sobre la margen derecha del río Mendoza. Estas tierras, con escaso valor de mercado por la falta de acceso al agua, se convirtieron en un punto central tras una serie de resoluciones del departamento General de Irrigación (DGI).

El “gobernador de las aguas”

El DGI es el organismo autárquico encargado de administrar el recurso hídrico en la provincia y goza de rango ministerial. Su titular, Sergio Marinelli, es conocido en el ámbito político como “el gobernador de las aguas” por el poder que concentra.

En agosto de 2024, Marinelli firmó la resolución 1108/24, que prohibía durante dos años nuevas perforaciones en la margen derecha del río Mendoza (subcuenca El Carrizal), argumentando vulnerabilidad hídrica y pasivos ambientales. La medida se basaba en informes técnicos del Instituto Nacional del Agua (INA), el Instituto de Hidrología de Llanuras (IHLLA) y de la dirección de Asuntos Legales del propio DGI.

Sergio Marinelli.

Sin embargo, apenas seis meses después, en febrero de 2025, el mismo funcionario emitió la resolución 125/25, que autorizó nueve perforaciones en la zona previamente restringida. El nuevo dictamen se sustentó en un análisis de la dirección de Gestión Hídrica, que admitía un leve incremento en la disponibilidad de aguas, aunque reconocía que la recarga sostenible del acuífero no estaba garantizada y que la tendencia general seguía siendo descendente debido al cambio climático, según publicó El Medio.

El principal beneficiado fue Elsztain: cinco de los nueve pozos autorizados pertenecen a IRSA. De acuerdo con el portal El Editor, el valor de las tierras favorecidas se habría multiplicado, alcanzando entre 12 y 24 millones de dólares, sin necesidad de inversión alguna.

Escándalo político y mediático

El caso generó un fuerte revuelo en Mendoza. El 26 de junio, la senadora Anabel Fernández Sagasti (FdT) impulsó un pedido de jury de enjuiciamiento contra Marinelli por “mal desempeño de funciones”. El funcionario asistió a la Honorable Cámara de Senadores de Mendoza para dar explicaciones, mientras crecía la presión mediática y la indignación opositora.

No obstante, la cuestión de fondo se mantuvo inalterada. Una solicitud de acceso a la información pública (trámite 6078648) reveló semanas después que los expedientes que habilitan las perforaciones (779.023, 779.024, 779.026, 779.027 y 779.028) siguen en trámite y vigentes, amparados en la resolución 125/25.

Emergencia hídrica y consecuencias

Mendoza se encuentra en emergencia hídrica desde 2012, según lo dispuesto por el propio DGI. La provincia depende tanto del agua de deshielo como de los acuíferos subterráneos, y el caudal de los ríos muestra una tendencia descendente sostenida.

El abogado ambientalista y ex senador Marcelo Romano advirtió sobre el impacto de la medida en la cuenca: “Los primeros en riesgo son los habitantes de Lavalle y, por conexión subterránea, también San Martín, Rivadavia y Junín. Todo lo que se haga en la cabecera del río Mendoza afecta a la zona este. Es como un fuentón: si le sacás agua en un extremo, en algún momento falta en otro”.

Eduardo Elsztain.

Romano remarcó además que el problema central no es solo la disponibilidad del recurso, sino la discrecionalidad administrativa: “El antecedente que queda es que un funcionario como Marinelli, con el respaldo político de Cornejo, puede manejar la suma del poder público en materia hídrica sin controles efectivos”.

La batalla judicial

Frente a esta situación, Romano presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la resolución 125/25 ante la Suprema Corte de Mendoza. En su escrito señaló que la medida fue “arbitraria y discrecional”, ya que omitió la Evaluación de Impacto Ambiental exigida por la ley 5961, negó el acceso a la información pública y eludió la audiencia ciudadana obligatoria.

La Suprema Corte provincial aceptó su competencia y avanzará en el análisis del caso que involucra directamente al gobierno de Alfredo Cornejo y a Eduardo Elsztain. La incógnita ahora es si la Justicia resolverá con celeridad o si, como tantas veces, deberá pasar “mucha agua bajo el puente” antes de que se dicte una sentencia. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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