Salta: Gustavo Sáenz pidió suspender planes sociales a extranjeros

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, lanzó una fuerte crítica al Gobierno Nacional por la suspensión masiva de pensiones no contributivas por invalidez, medida que calificó como una “torpeza” que afecta de manera indiscriminada a los sectores más vulnerables.

“No es lo mismo en la Capital Federal notificar a la gente para que acuda al lugar donde tiene que hacerse la auditoría, que en geografías tan amplias como la de Salta, donde hay parajes muy alejados”, señaló el mandatario, quien consideró la decisión como “muy triste” y causante de “una angustia muy grande”, ya que también dejó sin cobertura médica ni insumos a miles de personas con discapacidad.

Suspender planes sociales en zonas de frontera

En este marco, Sáenz propuso suspender los planes sociales en las provincias fronterizas para evitar lo que calificó como “un abuso de recursos por parte de extranjeros”.

“Vemos cómo mes a mes se cruzan de un país a otro, cobran una asignación universal por hijo y después se vuelven al país vecino. Esos fondos deberían destinarse a los jubilados y a las personas con discapacidad que realmente lo necesitan”, sostuvo.

El gobernador defendió además la política de arancelar la atención sanitaria a extranjeros implementada en Salta: “Era muy injusto ver los tours de salud para venir a atenderse en nuestros hospitales. En cualquier parte del mundo, al extranjero le cobran la salud, y si no paga, no lo atienden. Aunque, por razones humanitarias, nunca dejamos de atender en casos de riesgo de vida”.

Amparo ante la Corte Suprema

Paralelamente, la Fiscalía de Estado de Salta presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exigir la restitución inmediata de las pensiones suspendidas. La causa se tramita bajo la carátula CSJ 2128/2025 MISIONES, PROVINCIA DE c/ ESTADO NACIONAL Y OTRO s/AMPARO.

La presentación reclama:

• La restitución inmediata de las pensiones no contributivas por invalidez y beneficios conexos.

• El pago retroactivo desde la fecha de suspensión.

• La nulidad de las auditorías implementadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

• La implementación de un procedimiento transparente, profesional y accesible que respete el debido proceso y los derechos de las personas con discapacidad.

De forma cautelar, la Provincia exige que se restablezcan de inmediato los pagos y se suspenda cualquier nueva baja hasta que se resuelva el fondo del amparo.

“No pueden pagar justos por pecadores. Hoy tenemos familias y organizaciones que denuncian vulneración de derechos básicos. Por eso reclamamos auditorías serias y transparentes”, enfatizó Sáenz. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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