Facundo Capellini, el “acosador” de la Televisión Pública premiado por Axel Kicillof

El derrotero de Facundo Capellini expone como pocos el doble estándar con el que la política argentina administra sus crisis. Denunciado por acoso laboral en la Televisión Pública -donde aún se acovachan algunos funcionarios vinculados al kirchnerismo- y obligado a renunciar en medio de un escándalo mediático, lejos de ser sancionado fue cobijado por el gobierno de Axel Kicillof, donde no solo recuperó protagonismo sino que además fue recompensado con cargos, bonificaciones y hasta avales oficiales para sus negocios privados.

Del acoso laboral a la renuncia

En marzo de 2023, la secretaria de Capellini en Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA), Victoria Nasisi, lo denunció por acoso laboral y maltrato. Según relató, el entonces gerente de Administración y Finanzas la sobrecargaba con funciones que le correspondían a él y la hostigaba con comentarios de tinte sexual. La situación derivó en asambleas de trabajadores, intervención gremial e incluso en un pedido de explicaciones en el Congreso de la Nación Argentina, encabezado por diputados de Juntos por el Cambio.

Facundo Capellini fue expulsado de la Televisión Pública, en el marco de la polémica gestión de Rosario Lufrano.

La presión fue insostenible y Capellini presentó su renuncia el 8 de mayo de 2023. Aunque el hecho nunca fue informado oficialmente por RTA, el escándalo quedó registrado como uno de los trece casos de renuncias y despidos que golpearon a la gestión de Rosario Lufrano.

El refugio bonaerense

Lejos de quedar marginado, en junio de 2023 Capellini fue absorbido por la administración bonaerense. Su nombre aparece en los registros de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), organismo que dirige Cristian Girard, como parte de su plantel desde ese mes.

Poco después, llegó el segundo premio. A través de la resolución 250/2024, ARBA le otorgó a Capellini una bonificación remunerativa del 20 por ciento de su sueldo básico, un beneficio reservado para un selecto grupo de agentes.

Negocios privados con aval estatal

El beneficio no se limitó a su salario. En paralelo, el propio gobierno provincial dio luz verde a un emprendimiento inmobiliario de Capellini en el partido de Lincoln. A través de la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires, organismo que conduce Damián Costamagna, se le otorgó la Aptitud Hidráulica para Obra (AHPO) para un loteo en la localidad de Arenaza, que comparte con otros socios: Víctor Manuel Delgado y Martín Esteban Gutiérrez.. 

Casualmente, este último también viene de trabajar en la gestión de Lufrano. Aunque con la llegada de Javier Milei al poder, consiguió un cargo de director en TANDANOR S.A.C.I.y N., la empresa que dirige Tomás Etcheverry. Vale destacar que el paquete accionario de esta empresa pertenece en un 90 por ciento al estado nacional y el restante a sus trabajadores, y funciona bajo la órbita del ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri.

Pero volviendo a los negocios, la resolución, que detalla movimientos de suelos, colocación de conductos y desagües pluviales, permitió que el funcionario denunciado por acoso y su par devenido en libertario pudieran avanzar con un proyecto privado con el aval directo del estado bonaerense.

Una carrera en ascenso

Como si todo lo anterior no fuera suficiente, Capellini ahora se presenta como director del Centro de Formación Laboral Nro. 420, dependiente de la dirección General de Cultura y Educación que conduce Alberto Sileoni. Si bien su designación aún no fue oficializada, se trataría de otro reconocimiento dentro de la gestión de Axel Kicillof.

El caso Capellini desnuda una lógica recurrente en la política argentina: los funcionarios cuestionados no son apartados, sino reciclados y hasta premiados dentro del estado. En este caso, alguien que dejó la Televisión Pública envuelto en denuncias de acoso y que debería haber rendido cuentas, no solo fue protegido, sino que además recibió aumentos, avales para negocios inmobiliarios y un nuevo cargo en el sistema educativo bonaerense.

Un derrotero expone una certeza inevitable: en la Argentina en general y en la provincia de Buenos Aires en particular, no existe un costo real para los escándalos. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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