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18 de septiembre de 2025 | Nacionales

Continúa el escándalo

El diputado Emiliano Estrada volvió a ausentarse en la audiencia por el uso indebido de fondos públicos

Cabe recordar que el fiscal federal Carlos Amad había solicitado el desafuero de Estrada tras su primera inasistencia a una audiencia en junio. El pedido se fundamenta en posibles violaciones a la Ley de Ética Pública, abuso de autoridad y peculado de servicios.

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El diputado nacional por Salta, Emiliano Estrada, enfrenta una causa judicial por el presunto uso indebido de fondos públicos para financiar campañas de difamación en redes sociales. Sin embargo, por segunda vez consecutiva, el legislador evitó presentarse a la audiencia convocada en el Juzgado Federal N° 2 de Salta, generando fuertes críticas por su estrategia dilatoria.

La defensa de Estrada, encabezada por el abogado Jorge Ovejero, justificó la ausencia alegando falta de notificación en tiempo y forma, además de señalar que el legislador no podía faltar a la sesión del Congreso donde se debatía el veto presidencial. No obstante, la postura fue interpretada como una clara maniobra para eludir a la justicia, justo en momentos en que se discute su desafuero.

Cabe recordar que el fiscal federal Carlos Amad había solicitado el desafuero de Estrada tras su primera inasistencia a una audiencia en junio. El pedido se fundamenta en posibles violaciones a la Ley de Ética Pública, abuso de autoridad y peculado de servicios.

Pese a ello, su defensa pidió que se revoque la solicitud al considerarla “inconsistente” y sin fundamentos sólidos, planteando además que el proceso judicial presenta falencias en su formulación.

Lejos de la prudencia judicial, Estrada se mostró recientemente en un encuentro con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, hoy con prisión domiciliaria, en busca de su respaldo político para encarar las elecciones de octubre, donde pretende renovar su banca y mantener sus fueros por cuatro años más.

La causa lo tiene imputado como autor de los delitos de intimidación pública (artículo 221 del Código Penal) y peculado de trabajos y servicios (artículo 261, segunda parte del Código Penal). Según la investigación, los fondos para financiar la estructura digital de difamación provenían directamente del Congreso de la Nación, ya que al menos dos de los acusados eran asesores rentados con dinero público.

Mientras la justicia insiste en avanzar con el proceso, la estrategia de Estrada parece orientada a ganar tiempo hasta las elecciones. Su eventual reelección lo blindaría nuevamente bajo el paraguas de los fueros parlamentarios, prolongando la sensación de impunidad en torno a su figura. (www.REALPOLITIK.com.ar)


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