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El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, enfrenta una causa de ejecución fiscal iniciada en 2022 por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por deudas impagas de ABL, con un embargo frustrado en 2024 y antecedentes similares en 2011.
El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, atraviesa un frente judicial que hasta ahora había pasado inadvertido: el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) le inició en 2022 un juicio de ejecución fiscal por deudas de ABL, que a la fecha continúa abierto sin que se haya concretado el embargo preventivo ordenado por la Justicia en 2024.
La causa, caratulada “GCBA c/ Francos Guillermo Alberto s/ Ejecución Fiscal – ABL – Pequeños Contribuyentes” (EXP J-01-00167780-9/2022-0), se tramita en el juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 23, Secretaría Nº 45, bajo el número de expediente 167780/2022-0.
Según la constancia de deuda acompañada por la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), Francos adeuda al fisco porteño la suma inicial de 38.094,58 pesos, en concepto de contribuciones de alumbrado, barrido y limpieza, territorial, pavimentos, aceras y tasa retributiva de servicios de ABL, correspondiente a un inmueble sito en Julieta Lanteri 1331, en la Ciudad de Buenos Aires.
En 2024, el juzgado intimó al funcionario a cancelar la deuda en un plazo de cinco días, bajo apercibimiento de ejecutar el embargo. La resolución dispuso además la traba de un embargo preventivo sobre los fondos de Francos en el sistema financiero —cuentas corrientes, cajas de ahorro, plazos fijos o títulos— hasta cubrir el monto reclamado más intereses y costas. El oficio debía cursarse a través del Banco Central de la República Argentina. Sin embargo, hasta el momento, el embargo no se ha efectivizado.
A lo largo del expediente, el GCBA debió reiterar pedidos para aclarar y fijar el domicilio correcto de Francos con el fin de poder notificarlo. En varias oportunidades, la parte actora —representada por la mandataria judicial Silvia Adriana Casas— solicitó al tribunal que se rectificara la dirección y se libraran nuevas cédulas, evidenciando trabas en el proceso de notificación.
La situación no resulta inédita en la trayectoria del funcionario. En 2011, el GCBA ya había iniciado otra causa similar, también por deuda de ABL, caratulada “GCBA c/ Francos Guillermo Alberto s/ Ejecución Fiscal – ABL” (EXP J-01-00008942-3/2011-0), en el juzgado de Primera Instancia Nro. 6, secretaría 11.
Las actuaciones judiciales muestran que desde 2022 el GCBA intenta sin éxito cobrarle a Francos una deuda impositiva menor para su patrimonio, pero relevante en términos éticos. El contraste es aún más fuerte considerando que en su actual rol, el funcionario debe coordinar políticas públicas que incluyen justamente la recaudación y la administración del estado. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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