El gobierno nacional obliga a canales de cable a transmitir publicidad política pese a la prohibición

La campaña electoral 2025 sumó un nuevo escándalo institucional. La dirección nacional Electoral (DNE), dependiente de la jefatura de Gabinete de Ministros, en la disposición 5/2025, difundió el listado preliminar de medios que deberán ceder espacios para la transmisión de publicidad electoral de cara a las legislativas del 26 de octubre.

El problema es que, junto con radios AM y FM, televisión abierta y señales de alcance nacional —tal como establece el Código Nacional Electoral (ley 19.945) y el decreto 1142/2015—, la DNE incluyó arbitrariamente a canales locales de servicios por suscripción (cable).

Disposición 5/2025.

Se trata de una medida altamente controvertida, ya que, tras el decreto 267/2015 y el reciente DNU 70/2024, tanto los servicios de cable como los satelitales fueron reconvertidos en servicios TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), están sujetos a la ley Argentina Digital (27.078).

El artículo 1 de esa norma es categórico: “Esta norma es de orden público y excluye cualquier tipo de regulación de los contenidos, cualquiera sea su medio de transmisión”.

Es decir, obligar a los cableoperadores a transmitir mensajes partidarios constituye una intromisión ilegal en su grilla de contenidos, que hasta ahora estaba expresamente fuera del alcance del régimen de campañas electorales.

Ley 19.945.

La propia disposición firmada por la directora de la DNE, María Luz Alegría Landívar, instruye a partidos y medios a presentar observaciones en un plazo de diez días. Sin embargo, distintos especialistas advierten que, más allá de la posibilidad de impugnar, el solo hecho de haber incorporado a los canales de cable en el listado preliminar supone un abuso de autoridad y abre la puerta a una judicialización del proceso electoral.

Por estas horas, asociaciones de medios evalúan acudir a la Justicia para frenar lo que consideran un avance arbitrario del gobierno de Javier Milei sobre la libertad de expresión y las reglas electorales, en un año en el que la transparencia del proceso debería ser prioridad absoluta. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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