
Gremiales
La Justicia Nacional del Trabajo declaró recientemente inconstitucionales artículos de un decreto que anulaba convenios colectivos, lo que podría habilitar ejecuciones forzosas de pagos.
El conflicto en Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) se agudiza en plena transformación hacia la nueva sociedad Carboeléctrica Río Turbio S.A.. Jubilados y pensionados de la empresa estatal denuncian que llevan semanas sin percibir los complementos jubilatorios, el 82% móvil y las diferencias salariales pendientes, lo que disparó protestas en la Cuenca Carbonífera.
“Cobramos lo justo para sobrevivir, y ahora ni eso. ¿De qué vivimos mientras el Estado juega con nuestro futuro?”, cuestionó María Elena López, jubilada de 68 años, durante la manifestación del 18 de septiembre frente a la sede de YCRT.
Los centros de jubilados de ATE y APSyT vienen reclamando desde hace meses. Según Martín Sajama, presidente del Centro de Jubilados de ATE en Río Turbio, ya se presentaron más de 500 reclamos judiciales y aún persisten deudas por medidas cautelares incumplidas.
“No es solo plata, es dignidad. Hemos dado nuestra vida en las minas, y ahora nos tratan como un gasto prescindible”, sostuvo Sajama, recordando la histórica resistencia de los mineros frente al vaciamiento de la antigua Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) durante la dictadura de 1976.
La protesta escaló el viernes 19, cuando unas 50 personas marcharon hasta las oficinas de la empresa con apoyo de trabajadores activos y legisladores provinciales.
El interventor de YCRT, Pablo Gordillo Arriagada, atribuyó el atraso al Ministerio de Economía de la Nación, señalando que hubo modificaciones en el esquema de partidas presupuestarias que generaron un “embudo administrativo”.
“No es negligencia nuestra, sino un cambio en los envíos de fondos que nos obliga a esperar”, explicó Gordillo, quien prometió regularizar los pagos en los próximos días, aunque sin dar una fecha concreta.
El funcionario firmó un acta de compromisos con representantes de jubilados y adelantó que será elevada a Nación para “asumir formalmente las responsabilidades”.
El subsecretario del Interior provincial, Nicolás Brizuela, defendió al interventor y aseguró que la provincia trabaja en “protección legal y funcional” para garantizar los pagos. Pero desde ATE Santa Cruz, el secretario general Carlos Garzón fue lapidario: “Nos vendieron una ‘oportunidad histórica’, pero recibimos chatarra sin plan productivo. Aliarse con Nación es traicionar los intereses de Santa Cruz”.
La Justicia Nacional del Trabajo declaró recientemente inconstitucionales artículos de un decreto que anulaba convenios colectivos, lo que podría habilitar ejecuciones forzosas de pagos. Mientras tanto, el malestar crece entre los jubilados, que sienten que su lucha por derechos básicos vuelve a repetirse en la Cuenca. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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