"Seis de cada diez jueces de las cortes provinciales tuvieron vínculos con el poder político"

"Es un tema extremadamente complejo y delicado, porque muestra cruces casi incestuosos entre las cortes supremas provinciales y el poder político de cada jurisdicción", explicó Ezequiel Soria. "Nos encontramos con que prácticamente seis de cada diez jueces supremos en Argentina tienen algún vínculo con el gobierno que los nombró, trabajaron para un partido político o participaron activamente en la política".

El periodista de Ruido detalló algunos casos puntuales: "En Catamarca, de los siete ministros de la Corte Suprema, cinco fueron nombrados por el gobernador actual y seis corresponden a gestiones peronistas. Tenemos también casos de abogados personales de gobernadores que pasaron directamente a ser jueces de la Corte, como Jorge Bracamonte, que fue abogado del gobernador Raúl Jalil".

Soria aclaró que "esto no significa necesariamente que los nombramientos fueran irregulares. Todos siguieron los procesos constitucionales de designación, pero sí deja en evidencia un patrón que debería revisarse. Además, hay situaciones de nepotismo o vínculos familiares, como la sobrina del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que se convirtió en ministra de la Corte a los pocos meses de su designación".

La investigación de Soria y su equipo relevó 138 magistrados de todas las provincias, de los cuales 88 presentan algún tipo de relación política. "En tres provincias —La Rioja, San Juan y San Luis— todos los miembros de la Corte tienen algún vínculo con el poder político, mientras que en Santiago del Estero ninguno tiene relación política previa", detalló.

El periodista también contó episodios de intervención judicial polémica: "En Entre Ríos, el expresidente de la Corte Leonardo Portela habilitó la feria judicial para apurar un expediente que benefició a Sergio Urribarri, exgobernador condenado por corrupción, quien salió de la cárcel apenas 50 días después gracias a esa decisión".

Respecto al acceso a información pública, Soria señaló: "Las declaraciones juradas de los ministros son secretas en la mayoría de los casos. En Entre Ríos, por ejemplo, ni siquiera se pueden consultar salvo para investigaciones periodísticas, lo que dificulta la transparencia y la rendición de cuentas".

Finalmente, cerró: "Estamos hablando de un organismo público clave para la salud institucional y la democracia. No se trata de chismes, sino de cómo funcionan las Cortes Supremas provinciales, y cómo esto afecta la confianza que la sociedad deposita en la Justicia, que según encuestas, en Argentina alcanza apenas al 22 por ciento de la población". (www.REALPOLITIK.com.ar)

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