El decreto de retenciones cero derivó en una denuncia penal contra Javier Milei y su entorno

En una presentación judicial de alto voltaje político e institucional, Juan Ricardo Mussa denunció penalmente al presidente Javier Milei, al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, a las máximas autoridades de la Sociedad Rural Argentina y de Confederaciones Rurales Argentinas, por la presunta comisión de delitos que van desde subversión económica hasta traición a la patria, pasando por cohecho, malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario y encubrimiento.

El escrito, caratulado bajo la causa CFP 4104/2025 y radicado ante el juez federal Sergio Torres, pide la aplicación de la ley de Víctimas (27.372) y del Código Penal de la Nación, invocando los artículos 256 a 262 sobre cohecho, además de los tipos penales contemplados en la ley 25.602 de Subversión Económica.

 

El núcleo de la acusación: los 7.000 millones de dólares en 72 horas

Según la denuncia, el decreto 682/2025 que fijó retenciones cero a los principales granos y subproductos habilitó a las cerealeras a registrar exportaciones por 7.000 millones de dólares en apenas tres días hábiles, con un beneficio extraordinario que –según Mussa– representó “el robo más grande de la historia argentina”.

El denunciante sostiene que “no menos del 20 por ciento” de esa operatoria habría terminado en los bolsillos de funcionarios y dirigentes rurales, configurando una maniobra de estafa al estado. “El poder ejecutivo debería conceder una baja de impuestos a todos los argentinos para compensar este latrocinio”, subrayó en el escrito.

Responsabilidades políticas y empresarias

Además de Milei y Caputo, la presentación apunta contra Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural; Marcos Pereda, vicepresidente; Eloisa Frederking, vicepresidenta segunda; y Carlos Castagnani, titular de CRA. También se pide investigar a Juan Pazo, director de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), designado por recomendación de Santiago Caputo, quien defendió la medida pese a las críticas del sector y de analistas de mercado.

En respaldo de la acusación, Mussa cita declaraciones del productor y ex funcionario Néstor Roulet, del analista agropecuario Pablo Adreani y del secretario de CARBAP, Pablo Ginestet, quienes coincidieron en calificar la decisión oficial como “desprolija”, “mal pensada” y “beneficiosa para un puñado de exportadores”.

Crímenes de lesa humanidad y presión internacional

La denuncia llega incluso a calificar los hechos como un “crimen de lesa humanidad”, al relacionar el desvío de recursos con la falta de inversión en salud y educación y con un aumento de la mortalidad en adultos mayores.

El escrito también incorpora un elemento internacional: sostiene que el abrupto cierre de la ventana de retenciones cero obedeció a la presión de la administración estadounidense, particularmente del secretario del Tesoro, Scott Bessent, y de la American Soybean Association, que habrían reclamado contra una medida que favorecía a la Argentina en detrimento de sus exportadores.

El petitorio

En su presentación, Mussa solicita:

- Ser reconocido como querellante en la causa.

- Citar a los funcionarios y dirigentes involucrados.

- Requerir al Congreso de la Nación Argentina el inicio de juicios políticos contra Milei, Caputo y los restantes acusados.

Finalmente, el denunciante reclama a la Justicia que investigue si existió una “estafa monumental” contra el estado, con el aval del poder ejecutivo y en connivencia con el sector agroexportador. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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