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Una paciente oncológica bonaerense denuncia que IOMA le niega la cobertura integral de una cirugía urgente, obligándola a suspender dos veces su tratamiento y exponiéndola a un grave riesgo de vida.
El caso de Leticia Gutiérrez, una mujer de 44 años diagnosticada con cáncer de mama, desnuda la cara más cruel del sistema de salud bonaerense: un engranaje de expedientes, ventanillas y mails sin respuesta que convierte un derecho humano básico en una carrera de obstáculos que puede costar la vida.
En diciembre de 2024 le detectaron un cáncer de mama agresivo. Desde febrero de 2025 atraviesa quimioterapia, inmunoterapia y una cirugía conservadora. Con los estudios genéticos llegó un dato clave: la mutación del gen BRCA2, que multiplica el riesgo de desarrollar nuevos cánceres. Los médicos recomendaron de inmediato una salpingoofrectomía preventiva (extirpación de ovarios y trompas), seguida de una mastectomía bilateral con colocación de prótesis.
Sin embargo, el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) solo autorizó los honorarios médicos y dejó en el aire los gastos sanatoriales. Eso bastó para que la cirugía, prevista para el 9 de septiembre y luego para el 1 de octubre, se cancelara dos veces. Mientras tanto, el organismo se excusa en tecnicismos: que el trámite fue iniciado en papel y debía hacerse vía CUAFI; que lo tiene que resolver la Federación de Clínicas de la provincia de Buenos Aires (FECLIBA); que falta la firma del directorio. En paralelo, la paciente se deteriora y el tiempo corre en su contra.
En una carta formal presentada el 24 de septiembre ante el propio instituto que conduce Homero Giles, Gutiérrez calificó la actitud de IOMA como una “negativa cruel, arbitraria y contraria a derecho”. Recordó que la cobertura integral está garantizada por la ley de Obras Sociales (23.660 y 23.661), la ley de Derechos del Paciente (26.529), la constitución y tratados internacionales de derechos humanos.
La contradicción es escandalosa: el propio IOMA reconoció que la cirugía está correctamente indicada, pero comunicó informalmente que “no es cubierta por la obra social”. Una definición que, en la práctica, condena a la paciente a la incertidumbre, interrumpe su tratamiento y aumenta el riesgo de recaída.
El caso de Leticia no es aislado. En los pasillos de IOMA se repite un mismo patrón: pacientes con enfermedades graves que chocan contra la pared de la burocracia, con expedientes que se observan, se pierden o se frenan en escritorios interminables. Una maquinaria que no solo vulnera derechos básicos, sino que expone a los bonaerenses a consecuencias irreparables. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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