
Interior
Con denuncias por estafa millonaria, condenas por hurto y amenazas a denunciantes, el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOYEM) atraviesa su etapa más oscura. La intendente Rosario Romero y el ministerio de Trabajo aparecen señalados por maniobras para frenar la intervención judicial.
El Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOYEM) de Paraná se encuentra en el centro de un escándalo que combina corrupción, amenazas, condenas penales y protección política. La Justicia evalúa una inminente intervención, mientras la intendente Rosario Romero y el ministerio de Trabajo aparecen bajo sospecha de encubrir a la cúpula gremial.
Uno de los episodios más resonantes involucra a Gastón Luciano Berutti, integrante de la conducción sindical y exinspector de tránsito municipal, quien fue condenado a tres años de prisión condicional por hurto, tras comprobarse que en diciembre de 2021, junto a Jonathan Narváez, sehabría apropiado de dinero en efectivo, una cámara GoPro, cargadores, ropa y documentación que estaban dentro de un vehículo retenido en el depósito municipal. A pesar de que el legajo de esta condena es información pública, damnificados que lo solicitaron a la fiscalía no obtuvieron respuesta.
El caso Berutti se suma a la acusación por estafa de más de 74 millones de pesos que pesa sobre la conducción del SUOYEM, encabezada por Jesús “Pepi” Núñez, un dirigente señalado por amenazas, tráfico de influencias y vínculos con el arco político local. Según revelaciones periodísticas, Núñez habría viajado a Buenos Aires junto a otros dirigentes, con el aval de la intendente Romero y del ex intendente Adan Bahl, para frenar el proceso de normalización del sindicato y evitar la intervención.
La trama también incluye amenazas directas contra denunciantes. José Fabián Carreras, extrabajador municipal y una de las primeras voces en denunciar las irregularidades, fue despedido en represalia y más tarde recibió un llamado telefónico intimidatorio. Núñez le advirtió: “Si intervienen el sindicato, voy a ir por lo que más querés”, en alusión a su familia. Carreras radicó una denuncia ante la policía, pero reconoce sentir temor, especialmente porque el sindicalista cuenta con protección política.
Mientras tanto, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos le dio la razón a Carreras en otra causa, al ordenar que la municipalidad de Paraná le pague su salario tras un despido irregular promovido desde el propio entorno sindical. La resolución dejó en evidencia la estrategia de persecución contra el denunciante y el rol del municipio en avalar esas maniobras.
El panorama interno del SUOYEM es cada vez más crítico: afiliados exigen transparencia, la Justicia mantiene en pie un dictamen favorable a la intervención y el clima de tensión aumenta en una ciudad donde el poder político y sindical parecen entrelazados en una red de encubrimiento. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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