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El presidente Javier Milei y el empresario Eduardo Kovalivker fueron denunciados penalmente por corrupción, tras revelarse que el dueño de Suizo Argentina habría financiado con más de 100 mil dólares el Movistar Arena para un acto presidencial mientras su empresa multiplicaba por 27 sus contratos con el estado.
El presidente Javier Milei y el empresario farmacéutico Eduardo Kovalivker fueron denunciados penalmente por presuntos delitos de corrupción, en una presentación que podría marcar un punto de inflexión en la relación entre la política y el mundo empresario. El escrito, firmado por el abogado Yamil Castro Bianchi, habla de “hechos de público y notorio conocimiento que, prima facie, podrían configurar la comisión de delitos previstos en los arts. 256, 265 y 266 del Código Penal”.
El abogado sostiene que el financiamiento privado de un acto político a favor del presidente configura un caso grave de dádivas. “Un empresario privado —titular de una importante firma vinculada a la salud— habría solventado con fondos propios un evento de carácter político y personal en beneficio directo del presidente de la Nación, comprometiendo con ello la imparcialidad y el correcto ejercicio de la función pública”, reza la denuncia.
El escrito es contundente: “Los hechos que se denuncian no constituyen meras irregularidades administrativas, sino posibles actos de corrupción que encuadran en las figuras antes citadas, y cuya gravedad exige una investigación exhaustiva por parte del ministerio Público Fiscal”.
Según la denuncia, el empresario Kovalivker habría financiado con más de 100 mil dólares el alquiler del Movistar Arena, donde Milei tiene previsto realizar el 6 de octubre un acto con características de show político y presentación de libro.
“Lejos de tratarse de una mera circunstancia anecdótica, la aceptación por parte de un funcionario público de que un tercero solvente un acto en su beneficio personal y político no sólo genera un potencial conflicto de intereses, sino que también proyecta una sospecha fundada de irregularidad en el financiamiento político”, advierte el documento.
El telón de fondo es la escalada de negocios de la droguería Suizo Argentina SA, propiedad de Kovalivker. De acuerdo a los registros del portal oficial Compr.Ar, la compañía pasó de contratos por 3.898 millones de pesos en 2024 a 108.299 millones en lo que va de 2025.
Ese salto implica un aumento del 2.678 por ciento, muy por encima de la inflación del período. Solo en marzo, el ministerio de Salud de Argentina —a cargo de Mario Lugones— adjudicó a la empresa una megacontratación por 78.267 millones de pesos para almacenamiento y distribución de medicamentos y vacunas.
“Resulta imposible analizar la financiación del Movistar Arena como un hecho aislado. Estamos ante un empresario que, mientras multiplica sus adjudicaciones con el Estado, solventa un acto político del Presidente. El conflicto de interés es palmario”, sostuvo una fuente judicial consultada.
El nombre de Kovalivker ya había aparecido en los audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, donde se hablaba de presuntas comisiones ilegales del 3 por ciento vinculadas a la secretaria de la Presidencia de la Nación, Karina Milei. La denuncia recuerda que “el nombre de Kovalivker aparece señalado como uno de los empresarios que habrían tenido vinculación con tales maniobras, lo que arroja un manto de sospecha adicional sobre el financiamiento privado del acto en el Movistar Arena”.
La presentación judicial pide medidas de prueba inmediatas: desde allanamientos en el Movistar Arena para obtener los contratos y comprobantes de pago, hasta requerimientos al Banco Central de la República Argentina para rastrear la trazabilidad de los fondos. Además, solicita la incorporación del caso a la causa ANDIS, que ya tramita en el juzgado Federal Nro. 11.
El escrito no deja margen a interpretaciones: “Todo ello configura un cuadro típico de corrupción que debe ser investigado penalmente para garantizar la transparencia institucional”. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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