Antes de dejar el cargo, Jorge D'Onofrio recibió multas millonarias por uso indebido de fondos públicos

En un reciente fallo, el Tribunal de Cuentas desnudó las irregularidades de la gestión de Jorge D'Onofrio al frente del ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires durante el ejercicio 2023. La auditoría detectó gastos sin respaldo legal, un manejo opaco de fondos públicos y la falta de controles sobre el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV), eje de una de las causas judiciales que precipitó la renuncia del funcionario a fines del año pasado.

El documento, correspondiente al expediente 1-383.0-2023, revisa en detalle la rendición de cuentas del ministerio y formula observaciones que comprometen directamente a D’Onofrio y a su entonces directora General de Administración, María de Lourdes Giménez, quienes deberán afrontar multas y cargos millonarios por el uso indebido de dinero público.

Colonia de vacaciones y multa millonaria para D’Onofrio y su DGA

El Tribunal calificó como “gasto no institucional” la contratación de una colonia de vacaciones para hijos de empleados del ministerio, un servicio absolutamente ajeno a las funciones del organismo y sin respaldo normativo alguno.

La contratación fue otorgada por adjudicación directa a la Asociación Mutualista de Empleados del Ministerio de Obras Públicas (AMEMOP), una entidad sindical vinculada al ámbito estatal, por un total de 9,4 millones de pesos en 2023, y luego 26,1 millones para el período enero-febrero de 2024.

Según los registros oficiales, los pagos se efectuaron mediante cuatro órdenes: 5.174.400 (7 de marzo de 2023), 4.233.600 (20 de marzo de 2023), 14.025.000 (20 de febrero de 2024) y 12.112.500 (22 de marzo de 2024), estos últimos correspondientes a una contratación firmada durante el propio ejercicio 2023.

El ministro Jorge D’Onofrio rubricó personalmente la resolución RESOB-2023-11-GDEBA-MTRAGP, que aprobó el contrato de la colonia 2024, mientras que la directora de Administración María de Lourdes Giménez fue quien autorizó los llamados a contratación y adjudicaciones.

El Tribunal fue contundente: la colonia de vacaciones “no constituye un gasto gubernamental válido” y “carece de sustento normativo”, ya que la legislación vigente (ley 10.430) solo autoriza la utilización de fondos públicos para guarderías y salas maternales, no para actividades recreativas de verano. “El gasto realizado no se relaciona con la actividad propia del ministerio ni con sus objetivos institucionales, por lo que debe ser desaprobado”, concluyó el fallo.

La resolución final impuso un cargo resarcitorio de 22.745.689,39 a María de Lourdes Giménez, equivalente al monto original del gasto más los intereses calculados desde la fecha del egreso. El Tribunal argumentó que esos intereses “responden al principio de reparación integral del perjuicio ocasionado al patrimonio fiscal”.

En paralelo, el exministro Jorge D’Onofrio fue sancionado con una multa de 1.960.000 por firmar la resolución que autorizó el servicio para el verano de 2024 “en violación de las formalidades legales y reglamentarias”.

Axel Kicilloy y Jorge D'Onofrio.

El fallo cita expresamente que “todo gasto realizado por los organismos provinciales debe encontrar su sustento en una norma que lo autorice”, y subraya que en este caso se trató de un acto fuera del marco jurídico, impropio y ajeno a la función del organismo.

Descontrol en la Verificación Técnica Vehicular (VTV)

Más allá del escándalo de la colonia, el Tribunal también cuestionó la falta de control sobre las empresas concesionarias de la VTV, un área que ya estaba siendo investigada por la Justicia federal en la causa que involucra al propio D’Onofrio por presunto lavado de activos y cobro de coimas.

Los auditores detectaron que el ministerio no cuenta con herramientas adecuadas para comprobar la veracidad de las declaraciones juradas que las concesionarias presentan cada mes sobre la cantidad de verificaciones realizadas.

Esa cifra es clave, ya que constituye la base para calcular el canon que las empresas deben abonar al estado provincial. La falta de verificación, advirtió el Tribunal, “puede derivar en desvío de recursos públicos y pérdida de eficiencia en la gestión financiera”.

El informe recomienda acelerar la implementación de un sistema informático integral que permita cotejar en tiempo real los datos declarados por las empresas con la cantidad real de verificaciones efectuadas en cada planta. 

Otras observaciones: Partidas genéricas y opacidad contable

La auditoría también detectó que una proporción significativa de los gastos del ministerio fue imputada a partidas genéricas bajo la etiqueta “otros gastos no especificados precedentemente”, cuando la normativa establece que no deben superar el 2 por ciento del crédito asignado.

El uso reiterado de estas partidas, señaló el Tribunal, “compromete la transparencia y dificulta la trazabilidad de los gastos públicos”, lo que podría encubrir erogaciones sin justificación.

El final de D’Onofrio

La salida de D’Onofrio del gabinete de Axel Kicillof, en diciembre de 2024, se presentó oficialmente como una “renuncia por motivos personales”. Sin embargo, su caída estaba cantada: el ministro estaba imputado en una causa por corrupción en el sistema de fotomultas y en la gestión de la VTV, con sospechas de coimas y contrataciones irregulares.

Jorge D’Onofrio y Claudia Pombo.

Casualmente, la renuncia que constituyó un secreto a voces durante semanas, se hizo pública algunas horas después de la muerte de Jorge Lanata, pasando casi desapercibida por los medios de comunicación argentinos.

La investigación, a cargo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, avanzó sobre un esquema de “gestores” que cobraban un porcentaje de las multas a cambio de borrarlas del sistema. La empresa proveedora del servicio de fotomultas, Secutrans, denunció pérdidas millonarias por estas maniobras.

Mientras la Justicia profundiza en la ruta del dinero, el fallo del Tribunal de Cuentas vino a confirmar lo que ya era vox populi dentro del gobierno bonaerense: que la administración D’Onofrio combinó negligencia, discrecionalidad y falta de control, dejando un agujero negro en las cuentas del ministerio de Transporte.

Un ministerio bajo sospecha

Entre colonias de vacaciones pagadas con dinero público, concesionarias de VTV sin control y contrataciones directas fuera de norma, el balance final del paso de Jorge D’Onofrio por el ministerio de Transporte bonaerense expone uno de los capítulos más opacos de la gestión de Axel Kicillof.

Las conclusiones del Tribunal de Cuentas no solo confirman el desmanejo administrativo, sino que también ponen en duda la transparencia de los fondos millonarios que el ministerio destinó a programas y contrataciones durante 2023.

Con multas, cargos y causas judiciales en curso, el caso D’Onofrio vuelve a poner sobre la mesa un viejo interrogante bonaerense: ¿Cuánto dinero público se pierde cada año en las sombras del estado? (www.REALPOLITIK.com.ar)

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