
Municipales
Tres fallos consecutivos del Tribunal de Cuentas exponen un patrón de irregularidades en la administración del municipio de Pilar durante los ejercicios 2021, 2022 y 2023. Una de las protagonistas es la otrora presidente del Concejo Deliberante, Claudia Pombo, la dirigente ligada a Jorge D’Onofrio que hoy se encuentra en la mira de la Justicia.
Mientras enfrenta causas judiciales por corrupción y lavado de activos en el marco del escándalo de las fotomultas, Claudia Pombo acumula también cuestionamientos administrativos severos por parte del Tribunal de Cuentas bonaerense. Los tres ejercicios analizados —2021, 2022 y 2023— revelan un mismo patrón: incumplimiento de normas contables, desequilibrio financiero, egresos sin respaldo y manejo opaco de fondos públicos.
En el expediente 4-308.0-2021, el HTC dejó constancia de un extenso listado de infracciones bajo la gestión del intendente Federico de Achával, con Pombo como presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Pilar. Las observaciones incluyeron incumplimientos legales y reglamentarios, anomalías contables, excesos presupuestarios e ingresos y egresos de fondos sin documentación respaldatoria.
Por estos hechos, el Tribunal identificó a Pombo como responsable directa, junto a Achával, el secretario de Gobierno Santiago Laurent y una treintena de funcionarios.
Si bien el fallo mantuvo la aprobación formal de la rendición de cuentas, dispuso sanciones económicas y administrativas por un total de más de 600 mil pesos en multas, con apercibimientos y llamados de atención a la cúpula política municipal, incluido el propio intendente. Pombo fue alcanzada por un llamado de atención formal, una figura disciplinaria que la vincula a los incumplimientos detectados dejándola bajo observación en futuras rendiciones.
Los expedientes de los ejercicios siguientes —2022 y 2023, contenidos en los fallos a los que accedió REALPOLITIK— muestran que las mismas irregularidades persistieron.
El Tribunal de Cuentas volvió a cuestionar el manejo presupuestario del municipio de Pilar, esta vez con observaciones sobre contrataciones sin respaldo documental, subejecución de partidas, transferencias irregulares y deficiencias en el control interno. En ambos años, la presidencia de Pombo al frente del Concejo Deliberante fue señalada en los considerandos, junto con funcionarios de la línea directa del intendente Achával.
El patrón administrativo se mantuvo: gastos sobreejecutados, balances incompletos, falta de conciliaciones bancarias, errores en la contabilización de fondos afectados y reiteración de observaciones ya advertidas por el organismo en años anteriores. A pesar de las advertencias, ninguna de las observaciones derivó en sanciones ejemplificadoras, lo que alimenta las sospechas sobre un blindaje político dentro del esquema conformado por Achával, Pombo y Jorge D'Onofrio.
El nombre de Jorge D’Onofrio, ex ministro de Transporte bonaerense, aparece detrás de buena parte de las redes de poder que sostienen a Pombo en Pilar. Ambos compartieron estructura política dentro del massismo y fueron socios en diversos espacios provinciales antes de que el escándalo por las fotomultas los arrinconara judicialmente.
En ese expediente, D’Onofrio y Pombo fueron señalados por utilizar su influencia institucional para beneficiar a un grupo de gestores que ofrecían borrar infracciones a cambio de dinero. El avance de esa causa —que derivó en el levantamiento del secreto bancario de ambos— explica el descenso político y la destitución de Pombo de la presidencia del Concejo Deliberante en 2024, aunque mantiene su banca.
Fuentes del Concejo consultadas por REALPOLITIK aseguran que Pombo “sigue operando desde las sombras”, amparada por su relación directa con D’Onofrio y el respaldo del intendente Achával, con quien comparte responsabilidades en los expedientes del Tribunal de Cuentas.
Los tres fallos del HTC son contundentes: la gestión de Pilar incurrió en faltas reiteradas en el manejo del dinero público.
En 2021, el intendente fue multado con 200 mil; el contador municipal, con 180 mil; y el secretario de Economía, con 65 mil, además de sanciones menores a otros funcionarios.
Pombo, aunque no recibió multa directa, fue formalmente alcanzada por el llamado de atención junto a los responsables de las áreas clave del ejecutivo. El HTC ordenó notificarla y dejó constancia de que “no deberá considerarse exenta de responsabilidad hasta tanto el Tribunal se pronuncie definitivamente”, lo que la mantiene bajo investigación abierta.
El fallo también dejó en evidencia la existencia de un aparato administrativo ineficiente y permeable a la discrecionalidad política, algo que el Tribunal repite en sus observaciones a Pilar desde hace al menos tres años consecutivos.
El municipio gobernado por Federico de Achával acumula observaciones financieras y administrativas en casi todos los rubros evaluados: compras, recursos humanos, fondos de obras, subsidios y transferencias. Sin embargo, lo más llamativo no es la reiteración de las irregularidades, sino la continuidad de los funcionarios implicados. Pombo, pese a los fallos adversos y las causas penales abiertas, siguió ocupando un rol central dentro del oficialismo local, mientras Achával conservó el control del municipio.
El vínculo político entre ambos —reforzado por su relación con D’Onofrio— construyó una estructura de poder tan sólida como opaca, donde las observaciones del Tribunal de Cuentas y los sumarios judiciales parecen no tener consecuencias reales.
Los fallos del Tribunal de Cuentas bonaerense dejan en claro que el problema no es contable, sino político. Claudia Pombo, Jorge D’Onofrio y Federico de Achával conforman un triángulo de poder que ha sobrevivido a sanciones, causas judiciales y observaciones oficiales.
Los tres están señalados —por acción u omisión— en maniobras que erosionan la transparencia institucional tanto del municipio de Pilar como de la provincia de Buenos Aires.
Mientras las multas se pagan en cuotas y los expedientes se archivan lentamente, el entramado político sigue intacto. El control financiero se diluye, la rendición de cuentas se vuelve un formalismo, y uno de los municipios más ricos del norte bonaerense sigue bajo el mando de quienes el Tribunal de Cuentas no deja de observar. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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