Emergencia en Discapacidad: "No se entiende esta decisión política de castigar a los más vulnerables"

“La ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Nación Argentina y promulgada por el poder ejecutivo. Sin embargo, al mismo tiempo, el gobierno emitió un decreto, que en los hechos bloquea su aplicación al exigir que se especifique de dónde saldrán los fondos para cubrirla. Es una maniobra irregular, porque reasignaciones presupuestarias hay todos los días, pero para las personas con discapacidad no aparecen”, explicó Eduardo Maidana.

En este sentido, el referente del Foro Permanente de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad advirtió sobre la grave situación financiera que atraviesan los prestadores del sistema: “La Agencia Nacional de Discapacidad recibió una partida presupuestaria de 121.000 millones de pesos a través de una decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete, destinada a paliar la crisis del sector. Esa plata está, pero nadie sabe dónde. No se convoca al directorio que fija los aranceles, no se pagan las facturas, y los atrasos con Incluir Salud llegan a junio. Es una situación desesperante”.

Maidana subrayó que el 70 por ciento de los aranceles del Sistema Único de Prestaciones Básicas está atrasado, afectando directamente a hogares, residencias, centros terapéuticos, transporte y servicios esenciales: “Esto impacta sobre casi 300 mil personas con discapacidad que dependen de esas prestaciones para vivir. Estamos hablando de su atención diaria, su medicación, su rehabilitación. Sin esos fondos, se les quita la posibilidad de sostener su calidad de vida”.

Asimismo, el dirigente apuntó contra el enfoque de las auditorías impulsadas por el gobierno: “Se hicieron mal, fueron pensadas para ajustar y dar de baja pensiones de manera compulsiva. Se enviaron 840 mil cartas, de las cuales casi 400 mil volvieron porque estaban mal direccionadas. Citaban a personas a 50 kilómetros de su casa, sin contemplar que muchas tienen movilidad reducida. Esto no es una auditoría, es una excusa para recortar derechos”.

También respaldó las declaraciones de la actriz Valentina Bassi, quien denunció en televisión el ajuste sobre el colectivo: “Ella dijo la verdad. Su testimonio es el de una madre que vive esta injusticia todos los días. Lo que está pasando es cruel: con una pensión que representa el 70 por ciento de una jubilación mínima, una familia debe decidir entre comprar medicamentos o comer. Hay medicamentos anticonvulsivos que cuestan más de 200 mil pesos. Es insostenible”.

Maidana cuestionó la doble vara del Ejecutivo en la asignación de recursos: “Para comprar aviones o sostener operaciones financieras de miles de millones de dólares no hay problema, pero cuando se trata de garantizar derechos básicos como la salud o la educación especial, aparecen las trabas. No se entiende esta decisión política de castigar a los más vulnerables”.

Finalmente, el titular del Foro advirtió: “El gobierno nacional incumple sistemáticamente las leyes, y eso tiene consecuencias. Hay que respetar la Constitución, la ley y a las personas a las que se gobierna. Vamos a usar todas las herramientas democráticas para que se cumpla la ley de Emergencia en Discapacidad. No se trata de un reclamo sectorial: se trata del derecho a la vida, la salud y la dignidad de miles de argentinos”. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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