Preocupación en la Justicia uruguaya por el aluvión de pedidos de informes en el caso Emiliano Aloi

En las últimas semanas, oficinas del poder judicial uruguayo y áreas vinculadas a lo contencioso-administrativo registraron un incremento inusual de llamados y correos electrónicos provenientes de medios argentinos que buscan confirmar la existencia de actuaciones, estados procesales y eventuales medidas relacionadas con Emiliano Aloi.

Fuentes consultadas manifiestan “preocupación operativa y reputacional” por el volumen y la naturaleza de los requerimientos, y señalan que están pensando en reforzar los protocolos de atención a la prensa: ventanilla única, respuestas tipo y registro de cada solicitud (medio, fecha y tema) para asegurar trazabilidad. La preocupación ya llegó a las máximas autoridades judiciales: la e integrada por la Dra. Doris Morales, la Dra. Bernadette Minvielle y el Dr. Tabaré Sosa, con una plaza actualmente vacante), el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (presidido por la Dra. María Rosina Rossi Albert) y la Fiscalía General de la Nación (a cargo de la Dra. Mónica Ferrero, Fiscal de Corte y Procuradora General). En este marco, todas las dependencias fueron instruidas para ceñirse estrictamente a los carriles formales de comunicación.

“La relación con la prensa se centraliza en la División de Comunicación Institucional del poder judicial y en el Servicio de Información al Público, con pautas estrictas sobre qué puede informarse (competencias, estadísticas, actos públicos) y qué está vedado (contenido de expedientes reservados, datos nominativos y cualquier valoración sobre actuaciones ajenas). En paralelo, cuando las consultas se vinculan con actos administrativos, el canal formal es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA); y si lo requerido roza hipótesis penales, la vocería corresponde a la fiscalía”, explicó un fuente judicial consultada.

Uno de los centenares pedidos de información pública que llegan a División de Comunicación Institucional del Poder judicial de Uruguay.

El “efecto Aloi”: quién es y por qué volvió a estar en agenda

Emiliano Ángel Aloi es mencionado por publicaciones argentinas y regionales como un empresario argentino radicado en Uruguay mientras afronta controversias judiciales y comerciales en Argentina, Estados Unidos y el propio país oriental. Esas crónicas recuerdan un siniestro vial de 2014 en el que resultó gravemente herido Mariano “Tutu” Álvarez y señalan que el conductor se habría dado a la fuga, detonando la campaña #FuerzaTutu con apoyo de figuras públicas. Una década después, esas mismas fuentes le atribuyen más de sesenta infracciones de tránsito (exceso de velocidad, uso de celular, cruces en rojo) y denuncias por fraude y deudas millonarias en el exterior, junto con su participación en vehículos societarios vinculados al cannabis medicinal (entre ellos Ceed2Med LLC y Exactus Inc).

También consignan operaciones fallidas y litigios con empresarios y estudios jurídicos de la región, y lo describen llevando un estilo de vida ostentoso entre Montevideo y Punta del Este. Voces críticas —víctimas del hecho vial y acreedores— exigen que la Justicia uruguaya verifique si su radicación configura un modo de eludir comparecencias en causas abiertas en la Argentina y si corresponde activar mecanismos de cooperación.

Abogados, jueces y negocios: el escudo uruguayo

Instalado en Montevideo, Emiliano Aloi se mueve —según publicaciones y registros societarios citados por la prensa— en el negocio del cannabis medicinal junto a inversores estadounidenses como Jamie Goldstein y Scott Levin, pese a cuestionamientos sobre la participación de profesionales de la salud en este tipo de emprendimientos en Estados Unidos. Detrás de su radicación y circuitos de inversión, distintas fuentes mencionan una red de abogados y contactos de poder: el argentino Federico Soneira (Soneira & Asociados), señalado por blindar residencias fiscales e inversiones de alto perfil; el uruguayo Enrique Sayagués Areco, de presencia mediática y crítico defensor, durante la pandemia, de la no publicación del contrato del gobierno con Pfizer —posición que le valió fuertes reproches públicos del diputado Gustavo Salle—; y la jueza Claudia Muguiro Lambrosquini, vecina de Alberto Aloi, cuyo fallo en Consorcio Ecológico vs. Intendencia de Maldonado fue luego revocado por el Tribunal de Apelaciones.

En paralelo, los posteos políticos del clan Aloi alternan descalificaciones a referentes del Frente Amplio —como Fernando Pereira— y a la ministra de Salud, con elogios oportunistas al ex presidente José “Pepe” Mujica por la regulación del cannabis. Todo este entramado, hoy bajo la lupa pública, alimenta la exigencia de mayor escrutinio institucional sobre si la radicación de Aloi en Uruguay funciona como escudo para eludir comparecencias en causas abiertas en la Argentina. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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