Causa Jorge D'Onofrio: Imputan a Alejandro Trasmonte, presidente de TN Group

La fiscalía investiga una maniobra por la cual TN Group, con la connivencia de funcionarios del ex ministro Jorge D'Onofrio del ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, utilizaba de forma ilegal equipamiento perteneciente a terceras empresas, sin siquiera contar con la autorización o licencia por parte del dueño de la tecnología, lo que motivó la denuncia por parte de la empresa damnificada, y el pedido de ser tenida como querellante de la causa iniciada.

Según la normativa, para la utilización de equipamiento y tecnología de detección de infracciones, cada empresa debe registrar la tecnología -la cual debe ser de su propiedad o bien contar con una autorización o licencia para operar- y luego presentar la solicitud ante la dirección provincial de Política y Seguridad Vial, quien controla el requerimiento y en caso de estar todo en regla, autoriza la instalación.

En la práctica esto no se hacía así, o al menos no se le exigía a TN Group. Esta empresa, reconocida en el mercado de digitalización de imágenes y fotocopiadoras en organismos públicos y desde hace unos años incursionando en las fotomultas, se valía de la relación que tenía con los funcionarios de ese entonces, quienes le autorizaban las solicitudes no sólo en tiempo récord. También le permitían la utilización de tecnología de otra empresa, la cual era, cree la fiscalía, era sustraída ilegalmente para luego ser aprobada por parte de los funcionarios, quienes en total connivencia no requerían ningún tipo de permiso por parte del dueño real del equipamiento, en total violación a su derecho de propiedad.

Esta situación se replicó en los municipios de Tres Arroyos, La Plata, San Miguel, Almirante Brown, Cañuelas, San Vicente y Presidente Perón, en los cuales se constató la generación de infracciones a través de equipos ilegales -atento a que nunca contaron con la autorización del fabricante- lo que motivó que la fiscalía impute formalmente a Alejandro Trasmonte, por el delito de estafa, fraude, apropiación indebida, cohecho activo. Los funcionarios, además del cohecho, serían punibles de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes del funcionario público. Lo expuesto, sin perjuicio de los delitos contra la propiedad intelectual o industrial de índole civil.

Según lo obrante en la causa, se ha notificado a los municipios a fin de que suspendan la constatación de infracciones con los equipos referidos, atento a encontrarse en curso una causa penal por dicho ilícito, bajo intimación de hacer extensible a dichas comunas por los perjuicios patrimoniales sufridos. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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