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El un reciente fallo, el Tribunal de Cuentas bonaerense anunció que detectó múltiples incumplimientos legales, desequilibrio financiero, exceso en los gastos y pagos indebidos durante el ejercicio 2023. El intendente Arturo Rojas fue sancionado junto a funcionarios clave por su responsabilidad en las irregularidades detectadas.
El Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires acaba de emitir su fallo sobre la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2023 de la municipalidad de Necochea, a cargo del intendente Arturo Rojas, y resolvió aplicar sanciones económicas al jefe comunal y a varios de sus funcionarios por incumplimientos legales, desequilibrio financiero y anomalías en obras públicas y pagos judiciales.
Según el expediente 4-081.0-2023, el organismo provincial determinó que la gestión de Rojas incurrió en un déficit financiero de 1.670 millones y excesos presupuestarios por más de 7.000 millones de pesos, pese a las advertencias del propio contador municipal y del ministerio de Economía bonaerense.
El Tribunal señaló que el intendente insistió en continuar con los gastos “a pesar de la insuficiencia presupuestaria”, violando los artículos 31 y 186 de la ley Orgánica de las Municipalidades. Aunque Rojas intentó justificar el rojo fiscal por la inflación del 211 por ciento y la crisis económica nacional, el organismo rechazó sus argumentos y ratificó la sanción al mandatario.
Entre las irregularidades más graves, el fallo detalló retrasos y paralización de obras públicas que debieron finalizar durante 2023, como la extensión de la red pluvial en el barrio La Terminal, el pavimento del barrio Luz y Fuerza y la iluminación de corredores seguros. El Tribunal constató que las obras quedaron inconclusas y sin sanciones a las empresas contratistas, y ordenó a la delegación zonal hacer un seguimiento durante 2024.
Por los incumplimientos detectados en la ejecución de obras públicas —que incluyeron demoras, contratos incumplidos y ausencia de sanciones a las empresas—, el Tribunal de Cuentas impuso sanciones económicas al intendente Arturo Rojas y al secretario de Obras Públicas, Carlos Furno, por no haber aplicado las penalidades previstas en los pliegos ni acreditado la devolución de los anticipos financieros. La resolución señala que ambos funcionarios deberán responder en forma personal por las irregularidades constatadas en los expedientes licitatorios.
Asimismo, el organismo provincial multó directamente al intendente Rojas en otro expediente, al considerar que el municipio ocasionó un perjuicio económico por 560.561,52 pesos en el marco de un juicio por incumplimiento de contrato de alquiler. Según el fallo, el pago de esos honorarios judiciales “fue consecuencia directa de la falta de diligencia de los funcionarios”, motivo por el cual el Tribunal formuló cargo personal contra Rojas y su secretario Legal y Técnico, Ernesto Povilaitis Giovazzino, obligándolos a resarcir el daño con fondos propios.
Asimismo, el municipio fue condenado en otro proceso judicial por daños y perjuicios relacionados con un inmueble en mal estado, con un pago total de 18 millones de pesos, incluyendo indemnizaciones y honorarios de abogados y peritos.
El dictamen del Tribunal concluye que las irregularidades detectadas constituyen violaciones a los artículos 67, 118 y 123 de la ley Orgánica de las Municipalidades, al Reglamento de Contabilidad y al Decreto 2980/00, señalando que las sanciones se aplican en los términos del artículo 16 de la ley 10.869.
En resumen, la administración de Arturo Rojas cerró 2023 con desequilibrio fiscal, exceso en el gasto, obras inconclusas y pagos judiciales improcedentes, dejando a la vista una gestión marcada por la falta de control interno y el incumplimiento de la normativa contable. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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