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El diputado provincial de La Libertad Avanza, Guillermo Castello, dialogó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre su proyecto para reducir la estructura de la defensoría del Pueblo bonaerense, que pasó de tener un defensor único a nueve cargos en apenas 15 años.
“La defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires se creó con la reforma constitucional y comenzó a funcionar con un solo defensor, tal como establece la Constitución. Pero con el paso de los años, se fue convirtiendo en moneda de cambio política. En 2017 se agregaron defensores adjuntos generales y especializados, y en 2022 otros cuatro más, hasta llegar a nueve en total”, explicó Guillermo Castello.
Para Castello, el organismo perdió su razón de ser y se transformó en un espacio funcional al poder político. “Hoy la defensoría no controla al gobierno ni actúa ante los abusos de la administración pública. Es parte de la casta, una agencia de empleo político para el kirchnerismo y algunos opositores”, cuestionó.
El diputado de La Libertad Avanza denunció que la falta de independencia del organismo impide que cumpla su función original. “Dice la ley que debe actuar frente a hechos u omisiones del estado, de la policía o de empresas públicas. Pero cuando los reclamos involucran al gobierno provincial o a intendentes importantes, directamente miran para otro lado. Es un organismo que depende del poder político al que debería controlar”, sostuvo.
Castello ejemplificó con casos como el de los vecinos de Gonnet, que reclaman por la mala calidad del agua y no obtienen respuestas. “La Defensoría no tiene autonomía real, depende del presupuesto y de los acuerdos políticos. Los últimos defensores han sido todos dirigentes partidarios, lo que los condiciona a la hora de investigar o denunciar”, agregó.
En ese sentido, el legislador propuso una reestructuración profunda del ente. “Estamos presentando un proyecto para suprimir dos defensorías generales y seis defensorías adjuntas, dejando solo la figura central. Es una estructura sobredimensionada, cara e ineficiente. Además, queremos revisar el método de designación para que sea más transparente y participativo, involucrando a organizaciones intermedias y colegios profesionales, como ocurre en Mar del Plata”, detalló.
Según Castello, el gasto actual del organismo “alcanza cientos de millones de pesos por año”, una cifra injustificable frente a las carencias que sufre la provincia. “Más de la mitad de los bonaerenses no tiene cloacas ni agua potable, pero mantenemos una estructura que no resuelve nada. Es una locura”, enfatizó.
El diputado también enmarcó esta iniciativa dentro de su llamado ‘paquete hachazo’, una serie de proyectos que apuntan a reducir el gasto público provincial. “Estamos presentando un proyecto por día para achicar el estado, eliminar ñoquis y recortar estructuras improductivas. La semana pasada le tocó al Astillero Río Santiago; esta semana, a la Defensoría del Pueblo”, precisó.
Finalmente, Castello concluyó: “La Defensoría del Pueblo debería estar al servicio de los bonaerenses, no del poder político. Mientras siga siendo un refugio de la casta, los ciudadanos seguirán sin respuestas”. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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