Desde el conurbano bonaerense a Río de Janeiro, un destino que debemos evitar

La crisis estructural del sistema penal juvenil bonaerense es una bomba que puede estallar en cualquier momento. El peligro de un desborde semejante al brasileño —del que el mundo entero fue testigo al observar los enfrentamientos entre bandas narco y la Policía Militar de Brasil durante esta semana— es una amenaza latente. Mientras nuestro país asimila y debate los resultados electorales, el hampa tiene su propia agenda, que avanza sin pausa pero con prisa.

Trazar un paralelo entre la cruda realidad que vivió la sociedad de Río de Janeiro, el conurbano bonaerense, Rosario y otras grandes ciudades argentinas no resulta difícil. Bien podemos hacer escala en el caso que hoy resuena en todos los noticieros y portales bajo el título de “La banda del millón”, o en el sangriento caso de las tres jóvenes descuartizadas y enterradas en la ciudad de Florencio Varela, un crimen aún sin resolver que deja más dudas que certezas.

Retroceder en el tiempo solo serviría para comprobar que este tipo de noticias son cada vez más frecuentes, y que la inmediatez, los acelerados tiempos de los reels, las redes sociales y la saturación informativa mantienen a una sociedad entretenida, cada vez con menor capacidad de asombro.

También permitiría constatar que la vida transcurre mientras la sangre de un titular entierra a otro en el rating del olvido. Es muy fácil trazar una línea de puntos que dibuja un mapa cuyo final no es un tesoro, sino una crisis social aguda, a menos que reaccionemos a tiempo.

En orden de relevancia o gravedad, consulté a Claudio Abraham, colega que actualmente reside en Brasil, en el estado de Santa Catarina, con quien comparto varios puntos de vista. En primer lugar, desde nuestro rol periodístico; pero, además, con un pasado común: ambos trabajamos en el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA), que conocemos en su franca decadencia.

La relación directa entre los jóvenes —cada vez de menor edad— y el aumento de la criminalidad en las calles es proporcional. Este es un factor común en todas las organizaciones criminales tanto en Brasil como en Argentina y otros países sudamericanos. Se debe a la inimputabilidad de los menores, a quienes estas organizaciones consideran “material descartable” o “insumos para el desarrollo del negocio”. En definitiva, para los narcotraficantes, los menores son el costo menor.

Claudio Abraham es periodista, docente de nivel terciario y profesor de educación física, además de técnico en rehabilitación, con vasta experiencia en el tratamiento de jóvenes en condición marginal. Conoce de cerca el complejo entramado social en el que se desarrollaron los fatídicos hechos de Río de Janeiro ocurridos a fines de octubre.

Abraham destacó que el episodio “no constituyó en sí mismo una sorpresa” para los habitantes de las favelas. “Sorprendió a todos la cantidad de muertes en tan corto tiempo, pero la mayoría de los habitantes de las favelas aprueba el procedimiento, aún a pesar de la tragedia”, subrayó.

Precisó, además, que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva “se negó a atender los reclamos de ayuda” solicitados oportunamente por el gobernador Cláudio Castro. Dijo que su par Jorginho Mello, del estado de Santa Catarina, se comprometió luego de la represión “a enviar efectivos para el procedimiento”.

Al consultarlo sobre las razones por las que Lula negó el apoyo, Abraham señaló: “Lamentablemente, es una tragedia que podría haberse evitado. Es casi unánime el rechazo social a la figura del presidente, que apostó al fracaso de Castro por tratarse de un gobernador afín al partido político del expresidente Jair Bolsonaro. No hay dudas de que, si el apoyo nacional hubiera estado presente, otro habría sido el desenlace”. Y agregó: “Tal vez se pueda comparar con el mayor operativo realizado en la historia de Brasil, en 2019, cuando el resultado fue mucho mayor en arsenal incautado y casi sin disparar una bala”.

Claudio Abraham.

RP.- ¿Por qué cree que la mayoría de la población apoya semejante intervención a pesar de los costos en vidas? 

En primer lugar, hay que decir que Brasil tiene una población de 212 millones de habitantes, y que un 26 por ciento está vinculado al Comando Vermelho, distribuido en veintiséis estados. Existen otras organizaciones narco que se disputan tanto el negocio de la droga como el de las narco pymes, que proveen de internet y wi-fi en las favelas, además de manejar aspectos sociales como salud y educación. De esa manera, tienen sometida a toda una sociedad que, por generaciones, se ha desarrollado en este contexto.

Los complejos de Alemão (Del Alemán) y Penha (Peña) comprenden diecisiete y trece favelas, respectivamente. Pueden entenderse como “estados dentro de otros estados”, con alta densidad demográfica. Sin embargo —lamentablemente— el Comando Vermelho no es el único, y los demás estados tampoco están exentos de la presencia de organizaciones de este tipo, aunque en menor medida.

RP.- ¿Comparte la preocupación de que lo ocurrido en Río de Janeiro pueda repetirse con similitudes en Argentina?

Si bien la política en esta materia parece haber dado un giro en la ciudad de Rosario, creo que la similitud es alarmante. El abordaje de la delincuencia y de todo lo concerniente al sistema penal juvenil —sobre todo en el conurbano bonaerense— parece encaminarse a eso. Es evidente que, como tantas veces hemos charlado, el sistema penal juvenil está colapsado.

Me preocupa porque tengo familia y amigos que siguen viviendo allá. Debo reconocer que, salvo en momentos en los que el tema ocupa los titulares, la prensa no suele tratarlo en profundidad. Los programas se llenan de opinólogos e incluso de abogados que no diferencian entre el sistema penal común y el sistema penal juvenil. En este punto, debo destacar la labor que viene realizando REALPOLITIK, uno de los pocos medios que habla con propiedad sobre el tema.

El problema de la minoridad en Argentina

Regidos por los tratados internacionales de los derechos del niño establecidos por la Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) —a los que Argentina ha suscripto y, por tanto, tienen rango constitucional—, el personal a cargo del cuidado y la custodia de los menores en conflicto con la ley Penal debe ser civil, sin pertenecer a fuerzas vivas, militares, policiales ni penitenciarias. Está absolutamente prohibido el uso de armas de fuego o de cualquier tipo.

Dicho personal debe estar capacitado, bien remunerado y con dedicación exclusiva. Esta actividad está tipificada como “penosa”, dado que la carga emocional y el estrés que conlleva trabajar con menores en un ámbito de encierro son difícilmente comprensibles para alguien ajeno al sistema.

Aquí radica uno de los principales ejes del fracaso. En territorio bonaerense, todo el sistema descansa sobre los hombros de aproximadamente 2 mil empleados en toda la provincia de Buenos Aires, nucleados en el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA).

Tanto el poder judicial como el ejecutivo, en cabeza de Axel Kicillof, se apoyan en un plantel de trabajadores llevados a un límite de precarización laboral que se asemeja más a los siervos de la gleba que al siglo XXI. Un trabajador recién ingresado no llega a los 800 mil pesos mensuales, mientras que uno con veinte años de carrera apenas alcanza el millón, con un desgaste incalculable.

Sin embargo, el volumen de dinero destinado a distintas partidas no se condice con la realidad de los dispositivos de encierro: ni en calidad edilicia, ni en comida, ni en personal, ni mucho menos en los sueldos. No se entiende.

A esto se suma que los institutos bonaerenses funcionan al tope de su capacidad de alojamiento y que los menores, como sujeto colectivo, le han tomado el tiempo al sistema. Han aprendido los atajos para sortearlo y naturalizaron el paso por un instituto como parte del desarrollo de la vida. En muchos casos, incluso, determinan las reglas y normas de convivencia interna.

Se trata de un peligroso combo conformado por una corriente “zaffaronista” y jóvenes que no perciben su paso por los institutos como una experiencia traumática o aleccionadora, sino como un mérito o una medalla.

Esto explica, en parte, el fenómeno de la ostentación de violencia y el orgullo con que se filman y transmiten en vivo durante motines, duelos con armas blancas o episodios de violencia entre pares. Llegan incluso a transmitir los propios hechos delictivos —como las torturas y muertes de las tres adolescentes— o a exhibir en redes sus bienes lujosos, autos, joyas y niveles de vida excéntricos, como se vio recientemente en “la banda del millón”.

Para concluir mi “tesis de asociación entre esto y aquello” (conurbano – Río de Janeiro), quisiera relatar un motín ocurrido en simultáneo en dos institutos de menores el pasado domingo 5 de octubre, coordinado entre jóvenes alojados en el centro Eva Perón II, ubicado en el complejo Nueva Esperanza de Abasto, La Plata, y el centro de menores de Pablo Nogués. 

Según información a la que tuvo acceso REALPOLITIK, los jóvenes también habían planificado un motín en el centro cerrado de menores de Lomas de Zamora, aunque en ese caso lograron desactivarlo a tiempo.

En ambos lugares hubo personal herido —algunos internados por lesiones—, vejámenes al personal femenino, robos de pertenencias y, desde luego, desmanes, fugas y destrucción edilicia. Lo más triste es que existen muy pocas denuncias, por miedo a perder el empleo y sufrir persecución u hostigamiento.

La gravedad de los incidentes es alarmante, pero las autoridades hacen caso omiso de los reclamos, e incluso toman represalias contra quienes se atreven a alzar la voz. Este último es mi caso personal: con el claro objetivo de silenciarme, fui despedido injustamente junto a otros cuatro trabajadores del sistema, en una causa basada en un expediente de más de ocho años de antigüedad, del cual faltan doscientas de las 622 fojas originales, y por el que ya habíamos sido sobreseídos.

Se trata de un procedimiento plagado de vicios de nulidad. Obviamente, esto no sería posible sin la connivencia de los gremios del sector, que se sirven del sistema en beneficio propio, al igual que los funcionarios de turno.

Acompaña esta nota una síntesis que preparé hace casi tres años. El objetivo es mostrar que la crisis es estructural y que, sin importar la dirigencia de turno, si no se actúa en consecuencia, Río de Janeiro estará cada vez más cerca. Y, obviamente, no me refiero al sol, las playas, las sombrillas ni al mar de fondo. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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