Tienda BNA: Denuncian penalmente a autoridades del Banco Nación por fraude y lavado de dinero

Una denuncia penal presentada ante la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional promete sacudir los cimientos del Banco de la Nación Argentina (BNA). El denunciante, Daniel Sarwer, se presentó como pretenso querellante y pidió la intervención urgente de la Justicia Federal para investigar lo que calificó como un entramado de corrupción institucional y desvío de fondos multimillonarios en torno a la plataforma Tienda BNA, dependiente formalmente del banco público a través de Nación Servicios, que gerencia Hernán Portillo.

En su presentación, Sarwer solicitó el sorteo y radicación de la causa ante el juzgado que corresponda, apuntando directamente el presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, el vicepresidente Darío Wasserman y el gerente General, Gastón Álvarez. La documentación extiende responsabilidades a directores, funcionarios intervinientes y empresas tercerizadas que -según la denuncia- percibirían comisiones ilegítimas y operarían fuera del circuito financiero transparente.

Los delitos denunciados

La acusación es de extrema gravedad. El escrito menciona una extensa lista de delitos del Código Penal argentino, entre ellos: fraude y estafa (artículos 172, 173 y 174), asociación ilícita (artículo 210), administración fraudulenta agravada (artículo 174 inciso 5), malversación de caudales públicos (arts. 260 y 261), enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos (artículo 268 2), lavado de activos financieros (artículos 303), evasión fiscal agravada (ley 24.769) y encubrimiento agravado (artículo 277).

“Tienda BNA”, bajo sospecha

El eje central de la denuncia recae sobre la plataforma Tienda BNA, creada como un canal digital para facilitar compras y financiamiento al consumo a través de Nación Servicios. Según el escrito, detrás de su fachada de servicio público habría un sistema de tercerización financiera opaco que permitiría la recaudación paralela de fondos, el pago de comisiones ilegítimas y la triangulación de dinero hacia empresas privadas asociadas.

El denunciante reclama además la investigación del fondo matriz conocido como “La Fonda”, que habría funcionado como cuenta base de distribución y lavado de los montos recaudados, con posibles derivaciones hacia Miami (Florida, Estados Unidos) a través de estructuras denominadas “Finza, Finza Trust o Biofondos”.

La sede de Nación Servicios.

En ese marco, Sarwer pidió que se libre oficio a todos los organismos de control del estado argentino: Unidad de Información Financiera (UIF), Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Banco Central de la República Argentina (BCRA), Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Auditoría General de la Nación (AGN), Oficina Anticorrupción, Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Comisión Nacional de Valores (CNV), Inspección General de Justicia (IGJ), y las superintendencias de Entidades Financieras y de Seguros, entre otros.

Asimismo, solicitó cooperación internacional con FINCEN, OFAC, el FBI y el Homeland Security de Estados Unidos, para rastrear eventuales transferencias y fideicomisos vinculados a lavado y evasión internacional.

Medidas cautelares y embargo millonario

Entre las medidas más duras, el denunciante pidió la suspensión inmediata de la operatoria de Tienda BNA, el secuestro digital de documentación interna, la prohibición de salida del país de los funcionarios implicados,y la cesantía preventiva de las máximas autoridades del banco. También solicitó un embargo e inmovilización de activos por 50 millones de dólares, abarcando cuentas, bienes registrables, fideicomisos y sociedades vinculadas. Entre estas últimas se destaca Avenida Compras SA, la empresa que preside Daniel Jejcic e integran Pablo Orlando, Nair Beatriz Del Pielago y Alejandro Gabriel Zunda Cornell.

Círculo perfecto: Hernán Portillo, titular del Nación Servicios, y Daniel Jejcic, beneficiario de la entidad.

En el cierre, el denunciante advirtió que cualquier dilación o falta de impulso de la causa será denunciada como encubrimiento agravado ante el Consejo de la Magistratura, la procuración General y organismos internacionales anticorrupción. “Toda omisión en investigar estos hechos será interpretada como un intento deliberado de protección política o judicial”, señala el texto, con tono firme.

La causa, si prospera, podría transformarse en uno de los mayores escándalos financieros del estado argentino en los últimos años, involucrando a funcionarios del Banco Nación y a empresas privadas con posibles ramificaciones internacionales.

La presentación ya fue ingresada formalmente a la Cámara Federal y se espera el sorteo del juzgado que tendrá a su cargo la investigación. En los próximos días, la atención estará puesta en si la Justicia decide avanzar con las medidas cautelares solicitadas, que podrían poner bajo la lupa la estructura operativa y digital del principal banco público del país. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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