Interior
De acuerdo a las seis denuncias registradas en la UFI Nro.1, el concejal José Molina habría tomado una vivienda y, pocos días después, metió a una mujer de veinticinco años para evitar que la Justicia se la quite. El propietario, hasta el momento, no pudo recuperar su vivienda. Usurpaciones y crímenes, el oscuro prontuario de Molina.
En la calle Iparraguirre 222, en la localidad de Presidente Derqui (Pilar), un conflicto que une política, propiedad privada y la impunidad de la usurpación tiene al menos un protagonista: un vecino cuya casa —heredada de su abuelo, debidamente registrada— fue ocupada en forma ilegal por el propio concejal José Molina. Según la denuncia del propietario, incluso se instaló un cartel oficial del municipio de Pilar y se pintó la fachada con los colores institucionales. Vecinos de la zona aseguraron que no es esta la primera vez para el representante de Federico Achaval.
“El cartel del intendente está en la puerta”, afirma el denunciante, quien relata que a pesar de contar con la declaratoria de herederos a su nombre y toda la documentación en orden, no puede ingresar a su propiedad. “La casa era de mi abuelo y la heredé yo. Sin embargo, no puedo entrar”, sostiene.

Desde que hizo la denuncia, acumula ya seis presentaciones en la UFI Nro. 1 de Pilar, sin que hasta el momento se haya producido un desalojo efectivo. “Cierro la casa con llave, le he puesto incluso cadenas y candados, pero la gente de Molina corta las cadenas y se mete adentro de la casa”, explica. “Los eché tres veces de la casa, hasta que me metieron una chica de veinticinco años y la policía no me deja sacarla. Hasta mi abogado me aseguró que voy a tardar unos años en desalojarla”, agrega con tono de frustración.

El denunciante comenta que originalmente tenía la propiedad en venta. Sin embargo, allí aparecieron personas que retiraron el cartel y ocuparon el inmueble. “Incluso pintaron la casa con la misma pintura que suele utilizar el municipio”, señala. A su vez, a los pocos días, el municipio -a través de la gestión de Achával- hizo llegar un volquete “en forma exprés” al lugar y se solicitó la luz para la vivienda. “Achával está al tanto de esto. En la municipalidad incluso figura toda la documentación: la escritura a nombre de mi abuelo, el plano de obra, el dominio con el cambio a nombre mío, todo”, aseguró.
Entre los testimonios circula además una grave acusación: vecinos de la zona relatan que José Molina tendría “más de cincuenta casas” usurpadas en el distrito. “Usurpa, hace los papeles rápido y se las queda. Es una barbaridad”, dice el propietario. En efecto, varios habitantes de Derqui afirman que Molina mantiene un “oscuro prontuario” y que el modus operandi de ocupación ilegal es conocido en el barrio. “Todos los vecinos de la zona tenemos la expectativa de que, en algún momento, la Justicia actúe y Molina termine en la cárcel, que es el lugar que le corresponde”, comenta un vecino que pidió reserva de su nombre.

El comportamiento del concejal Molina ya había sido objeto de atención mediática. Además de las casas robadas, en el año 2005 su nombre giró en torno al llamado “doble crimen de Del Viso”. El 27 de diciembre el cadáver de Ángel Alberto Marcos, delegado de la Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires (UDOCBA) en el partido de Pilar y secretario privado de José Molina, era hallado con sus manos y pies atados, dentro de una bañera, y sin heridas visibles pero con una bolsa de nylon en la cabeza que le causó la muerte por asfixia. En un cuarto contiguo yacía su pareja, Nancy Alejandra Nolasco, quien había sido asesinada con el mismo método.
La investigación policial descartó un robo. Aún quedaban arriba de la mesa los 11.500 pesos que habían ahorrado, los electrodomésticos y otros objetos de valor. La Justicia apuntó a la vinculación de Marcos con la política y las huellas innegables del crimen organizado. Hubo un dato que llamó la atención: Marcos, secretario y de vinculación estrecha con José Molina, era un docente de treinta y seis años. Sin embargo, al momento de su muerte, tenía registradas a su nombre treinta y dos propiedades, una gran cantidad de dinero en varias cuentas bancarias y cuatro pasaportes con numerosos viajes a Bolivia. ¿Qué ocurrió realmente con Marcos y cómo amasó su repentina fortuna? Nunca se supo.
El dato no es menor, teniendo en cuenta que, ahora, el propietario despojado de su vivienda denunció que la esposa de Molina lo amenazó de muerte, asegurándole que “si sigue reclamando la casa va a terminar en un zanjón con la boca llena de moscas”.
Un drama personal y familiar
Hoy, el propietario que sufrió la ocupación de su casa por parte de los secuaces de Molina mantiene pocas esperanzas de recuperar su casa en el corto plazo. “Vivo a dos horas de acá y la Justicia se mueve de forma muy lenta”, explicó. Para el municipio, la situación parece compleja: el propietario asegura que la documentación –escritura, plano, dominio– obra en los registros municipales. Sin embargo, pese a ello, la ocupación persiste. La policía interviene, pero no logra la efectiva restitución del inmueble al propietario legítimo.
El caso abre múltiples interrogantes: ¿Qué papel juega el poder político local en el sostenimiento de estas ocupaciones? ¿Por qué no se ha ejecutado el desalojo tras seis denuncias en la UFI Nro. 1? ¿Qué mecanismos impiden que el propietario recupere su vivienda? Y, especialmente: ¿Hasta cuándo se tolerará que un funcionario público sea señalado por decenas de vecinos como el beneficiario de usurpaciones sistemáticas?
En los pagos de Achaval los vecinos continúan atravesados por la incertidumbre y la triste certeza que, ante la influencia política, poco pareciera poder hacerse. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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