Judiciales
Un activista denunció penalmente a la minera Barrick Gold y a expresidentes argentinos por delitos ambientales y económicos de gravedad institucional. El caso quedó radicado en el juzgado Federal Nro. 6. La presentación se produce luego de que la empresa reconociera que el fracaso de Pascua Lama se debió a su “arrogancia y prepotencia”.
Una denuncia penal ingresó esta semana en los tribunales de Comodoro Py. Se trata del expediente CFP 4869/2025, sorteado al juzgado Federal Nro. 6, a raíz de una presentación formulada por el activista ambiental Daniel Sarwer, quien acusa a Barrick Mining Corporation (Barrick Mining) y a funcionarios nacionales y provinciales —entre ellos Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri— por presuntos delitos de contaminación ambiental, contrabando agravado, lavado de activos y asociación ilícita transnacional.
Según el texto de la denuncia, el proyecto Pascua Lama / Veladero, ubicado en el departamento Iglesia, provincia de San Juan, habría producido durante años la liberación sistemática de soluciones cianuradas, metales pesados y residuos tóxicos, contaminando cuencas glaciares, el río Jáchal y fuentes naturales de agua de deshielo. Sarwer califica el daño como “irreversible y con riesgo cierto de muerte humana”, encuadrándolo bajo el artículo 200 del Código Penal.
La presentación también atribuye responsabilidad funcional y política a exgobernadores de San Juan -entre ellos a Sergio Uñac y Marcelo Orrego- y a autoridades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Aduana, el ministerio de Ambiente, la secretaría de Minería, Cancillería, Gendarmería y Defensa, por omisiones en el control de las operaciones y presunta complicidad en la evasión y el lavado de fondos derivados de la exportación irregular de minerales.
Sarwer solicitó la clausura preventiva y suspensión total de las actividades mineras en la zona, además de un embargo por 1.000 millones de dólares sobre los activos de la empresa y los funcionarios involucrados. Pidió también la inhibición general de bienes ante la ARCA, la Unidad de Información Financiera (UIF), el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y los registros públicos, y un peritaje técnico urgente a cargo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial INTI, el Instituto Nacional del Agua (INA), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional de Cuyo.
En un punto inusual para este tipo de procesos, el denunciante pidió notificar de inmediato al presidente de la Nación, Javier Milei, para que tome intervención directa en un plazo de 48 horas, bajo apercibimiento de responsabilidad penal y funcional conforme los artículos 248 y 249 del Código Penal.
La denuncia cita la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Mendoza”, que fijó el principio de responsabilidad estatal frente a daños ambientales de magnitud, y reclama que el caso permanezca en la Justicia Federal de Comodoro Py por su “gravedad institucional” y la afectación a la soberanía ambiental y territorial de la Nación.
La presentación judicial se produce pocos después de que Marcelo Álvarez, director ejecutivo de Relaciones Gubernamentales de Barrick Gold Sudamérica, reconociera públicamente que el fracaso del proyecto Pascua Lama se debió a la “arrogancia, prepotencia y falta de escucha a las comunidades locales”.
En declaraciones a Tiempo de San Juan en marzo de 2025, Álvarez afirmó: “El peor error que cometió Barrick fue haber sido arrogante, prepotente y no haber escuchado a las comunidades de la región. Hoy lo estamos haciendo de una manera distinta”.
El proyecto, clausurado definitivamente en 2020 por decisión del Primer Tribunal Ambiental de Chile, fue sancionado por incumplimientos en el monitoreo de glaciares, vertido de aguas contaminadas al río Estrecho y uso de metodologías no autorizadas para medir la calidad del agua.
La compañía canadiense invirtió cerca de 8.000 millones de dólares sin recuperar un solo peso, y hoy busca reactivar su presencia en la zona mediante un nuevo emprendimiento denominado “El Alto”, en la región de Atacama, que ya genera resistencia en comunidades locales chilenas.
Sarwer recordó en su escrito haber intervenido en la causa río Jáchal, donde se aplicaron sanciones firmes por contaminación ambiental, y sostuvo que la presente denuncia constituye una continuidad del daño y del incumplimiento sistemático del deber de control por parte del estado argentino.
La oficina de Gestión y Capacitación del fuero federal confirmó la radicación formal del expediente y su asignación por sorteo al juzgado Federal Nro. 6. La investigación podría comprometer a dos exefes de estado, a exgobernadores y a altos funcionarios de los organismos de control más sensibles del país. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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