"La reforma laboral de Javier Milei quiebra los principios fundamentales de la constitución"

“El artículo 14 bis garantiza una jornada limitada de trabajo y este es un principio de orden público. La intención de poder extenderla a doce horas rompe ese límite, que es un derecho ya adquirido”, explicó Cynthia Castro. En ese sentido, sostuvo que la ampliación de la jornada “atenta contra la dignidad humana porque afecta directamente a la salud del trabajador”.

La especialista recordó que tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), han advertido que la reducción de la jornada laboral no es un privilegio sino “una conquista social irrenunciable”.

Asimismo, Castro apuntó contra otro de los ejes del proyecto oficialista: la limitación de las indemnizaciones. “No existiría juicio si los empleadores cumplieran con sus deberes. Hay juicio cuando se violan derechos. Poner un tope a las indemnizaciones es una lesión al principio de reparación integral”, enfatizó.

En ese sentido, sostuvo que restringir la tutela judicial frente a despidos arbitrarios implica desconocer la Constitución Nacional. “La propuesta del gobierno va directamente a quebrar los principios fundamentales de la constitución, y cuando no se respeta la estructura del estado de derecho, comenzamos a retroceder en materia de derechos laborales y humanos”, advirtió.

Para la abogada, el proyecto no busca modernizar el sistema laboral, sino que representa “una involución normativa incompatible con el bloque constitucional de derechos humanos”. Explicó que al suprimir garantías esenciales como “la jornada limitada, la indemnización justa, la negociación colectiva o el descanso efectivo”, el gobierno viola el principio de no regresividad y el deber de protección reforzada del estado hacia los trabajadores.

“El proyecto de reforma laboral es inconstitucional e inconvencional. Afecta derechos sociales que son irrenunciables y puede ser impugnado mediante acciones de amparo o de control de constitucionalidad y convencionalidad”, concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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