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7 de noviembre de 2025 | Provincia

Instituto Obra Médico Asistencial

Peña: “La denuncia a IOMA no tiene fundamentos, la Justicia Federal debería declararse incompetente”

El abogado Marcelo Peña analizó la denuncia penal presentada por el concejal electo liberal Marcelo Mazzeo contra Axel Kicillof y Homero Giles, y advirtió que la presentación carece de fundamentos jurídicos sólidos y debería ser desestimada por la Justicia Federal.

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En medio del revuelo político y mediático que generó la denuncia penal presentada por el abogado y concejal electo de La Libertad Avanza en Esteban Echeverría, Marcelo Mazzeo, contra el gobernador Axel Kicillof y el titular del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), Homero Giles, distintas voces del ámbito judicial y académico comenzaron a poner en duda la competencia y el sustento legal de la presentación.

En ese marco, el abogado Marcelo Peña, director del Instituto de Criminalidad Económica y Lucha contra la Corrupción y docente en la Universidad Católica de La Plata (UCALP), señaló que la denuncia “no tiene fundamentos y resulta incompetente” para tramitar ante la Justicia Federal.

“Tomando lectura de la denuncia contra Kicillof, resulta incompetente. No tiene fundamentos para que la Justicia Federal intervenga, con vasta jurisprudencia que justifica que es la Justicia provincial la que debería investigar. No solo la ley que reglamenta IOMA es provincial, sino que también la Suprema Corte ha determinado en varios fallos, en varios antecedentes jurisprudenciales, que no es la Justicia Federal la encargada de investigar, sino la provincial”, explicó Peña.

El letrado agregó que, en consecuencia, sería inminente una resolución del juez federal de primera instancia, Alejo Ramos Padilla, en la que se decline la competencia a la Justicia ordinaria bonaerense.

“La propia normativa que rige a IOMA es una ley provincial. Por eso, la investigación debe tramitar en la órbita de la Justicia de la provincia de Buenos Aires. La Corte Suprema ya ha sido clara en este sentido”, subrayó el especialista en delitos económicos.

La denuncia que agitó la interna bonaerense

La polémica se desató días atrás, cuando el abogado y concejal electo Marcelo Mazzeo presentó una denuncia penal por presunta malversación de fondos públicos, lavado de activos y asociación ilícita en el seno del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la principal obra social estatal de la provincia de Buenos Aires.

La presentación, radicada en el juzgado Federal Nro. 1 de La Plata, acusa a las autoridades del organismo de conformar un entramado de corrupción que habría desviado dinero destinado a prestaciones sanitarias hacia estructuras partidarias y fines políticos. En el escrito, Mazzeo apunta directamente contra Kicillof, Giles y la empresaria Silvina Fontana, a quienes señala como parte de una red de triangulación de fondos públicos.

“No se puede permitir que mientras con esa plata se financie a La Cámpora, haya un padre que muera esperando tres meses su medicación”, denunció Mazzeo días atrás, al tiempo que calificó al IOMA como “una caja política del oficialismo bonaerense”.

Según el denunciante, las maniobras habrían dejado a miles de afiliados —docentes, policías y empleados públicos— sin cobertura médica esencial, en un contexto de abastecimiento crítico de medicamentos y tratamientos oncológicos interrumpidos.

La respuesta del ámbito jurídico

Pese a la gravedad de las acusaciones, especialistas en derecho penal y en derecho público provincial coinciden en que la denuncia podría ser rechazada por incompetencia, dado que IOMA es una institución regida por la legislación bonaerense (Ley 6982), con órgano de control y financiamiento propios.

En ese sentido, el análisis de Peña busca bajar el tono político del caso y devolver la discusión al terreno estrictamente jurídico: “No se trata de desestimar el reclamo, sino de ubicarlo en la jurisdicción que corresponde. La Justicia Federal no es el ámbito para resolver conflictos que surgen de un organismo provincial como IOMA”.

Mientras tanto, desde el IOMA guardan silencio ante las acusaciones. Todo indica que, de confirmarse el criterio de incompetencia, la causa podría ser remitida en los próximos días a la Justicia ordinaria bonaerense, donde deberá determinarse si existen o no responsabilidades penales en el manejo de los fondos de la obra social. (www.REALPOLITIK.com.ar)


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