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El Tribunal de Cuentas confirmó multas millonarias contra Juan Patricio Mussi por contratos irregulares, pagos sin respaldo y graves fallas en el sistema de agua durante su gestión de 2017.
Durante las últimas horas, el Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires resolvió mantener y, en algunos casos, modificar parcialmente las sanciones aplicadas al exintendente de la municipalidad de Berazategui, Juan Patricio Mussi, y a gran parte de su equipo de gobierno, en el marco del expediente correspondiente a la rendición de cuentas del ejercicio 2017.
Las multas y cargos económicos superan ampliamente los millones de pesos e involucran contrataciones irregulares, pagos sin respaldo legal, deficiencias en la publicidad oficial y graves incumplimientos vinculados al mantenimiento del sistema de agua potable.
De acuerdo con el fallo, el Tribunal resolvió mantener firmes las multas impuestas en 2019 contra Mussi, el contador municipal Marcelo López; la secretaria de Economía, Lucrecia Carlos; la directora de Compras, Yoseli Escobar; y la directora de Prensa, Érica Gutiérrez.
El organismo consideró que, a pesar de los descargos presentados, persisten graves inconsistencias en documentación, procedimientos de compra y ejecución del gasto.
Entre las irregularidades detectadas figuran:
- Publicidades contratadas sin comprobantes válidos ni certificaciones de emisión.
- Concursos y contrataciones directas sin justificación legal.
- Certificaciones de recepción de bienes incompletas o sin autenticación.
- Incumplimientos reiterados de procedimientos establecidos por la ley Orgánica de las Municipalidades.
- Pagos sin sustento legal por contrataciones profesionales.
Una de las sanciones centrales corresponde al contrato del médico legista Edwin Dennis Tejeira Valenzuela, por el cual el municipio abonó 120 mil sin que se cumpliera con los requisitos documentales básicos. El Tribunal redujo parcialmente el cargo inicial, pero mantuvo firme la responsabilidad solidaria de Mussi y de los funcionarios involucrados.
Otra contratación cuestionada fue la del asesor Ezequiel Aguer, para tareas en la subsecretaría de Relaciones Sindicales. En este caso, el Tribunal aceptó el descargo del municipio y dejó sin efecto el cargo económico.
El Tribunal mantuvo sin cambios el cargo por más de 2,1 millones de pesos por deficiencias extremas en las contrataciones de mantenimiento de bombas cloradoras y plantas de tratamiento de efluentes. Según el fallo, nunca se probó que los servicios -adjudicados a la empresa Aguas Sanitarias del Sur SA- se hubieran prestado efectivamente. Tampoco se aportaron análisis físico-químicos obligatorios ni reportes que demostraran el correcto funcionamiento del sistema de agua.
Incluso, el organismo recordó que estos incumplimientos fueron parte del brote de gastroenterocolitis de 2016, que afectó a cientos de vecinos y motivó una causa penal federal que aún sigue en trámite.

El Tribunal también confirmó cargos por más de 2,6 millones de pesos vinculados al convenio firmado con la Universidad Tecnológica Nacional – Regional La Plata. El municipio nunca pudo explicar ni respaldar de qué manera se determinaron los montos abonados, lo que constituyó —según el fallo— pagos sin sustento legal.
El fallo detalla que el convenio firmado en 2015 con la casa de estudios establecía que la institución percibiría el 45 por ciento de todo lo recaudado por tasas como Publicidad y Propaganda, Uso de Espacios Públicos, Antenas, Derechos de Construcción y Seguridad e Higiene, entre otras. Sin embargo, el municipio nunca aportó documentación clave: no presentó el padrón inicial de contribuyentes, la deuda existente al inicio del acuerdo, los listados certificados de cobrabilidad, ni evidencia concreta del impacto real de la labor de la universidad sobre la recaudación.
Incluso, el Tribunal remarcó que el convenio no fijaba una retribución concreta, lo que hacía imprescindible demostrar qué incremento había sido generado por la UTN para justificar los pagos. Tampoco se aportaron certificaciones oficiales sobre las tareas realizadas, más allá de dieciocho actas internas sin autenticar que la comuna acercó tardíamente, y que fueron consideradas insuficientes. Por estos motivos, el organismo concluyó que los desembolsos —por un total de 2.629.410,55— constituyeron pagos sin sustento ni respaldo legal, sancionando a Mussi, a su contador y al titular del área de Ingresos Públicos.
La resolución del Tribunal de Cuentas refleja un extenso listado de irregularidades administrativas durante la gestión de Juan Patricio Mussi en 2017. Pese a los numerosos descargos, la mayoría de las sanciones quedaron firmes, confirmando multas y cargos millonarios que deberán afrontar el exintendente y varios de sus exfuncionarios. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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