Annobón: Nueve expertos de la ONU denuncian violaciones de los derechos ambientales y humanitarios

Un grupo de nueve Relatores Especiales y titulares de mandatos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) enviaron una Carta Conjunta de Denuncia (CCD) al gobierno de Guinea Ecuatorial y a la constructora SOMAGEC, expresando su preocupación por las violaciones de derechos humanos contra la población de Annobón. La carta se deriva de un informe de la Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO) presentado a varios Relatores Especiales de la ONU en noviembre de 2024, que destacaba el patrón continuo de violaciones de los derechos ambientales y las recientes detenciones arbitrarias de defensores de derechos humanos de Annobón.

La isla de Annobón es una pequeña provincia insular, formalmente anexada como parte de Guinea Ecuatorial, con una cultura criolla afroportuguesa distintiva, moldeada por siglos de aislamiento y la fusión de influencias africanas y portuguesas. Bajo el régimen autoritario de Guinea Ecuatorial, que conduce el dictador Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, ha sufrido décadas de penurias marcadas por la pobreza extrema, la alta militarización, la escasez de recursos esenciales y el abandono sistémico. Las comunidades annobonesas denuncian un trato injusto y persistente por parte del gobierno central y un deterioro constante de las condiciones de vida, desafíos que se han agudizado drásticamente en los últimos años.

La comunicación de la UNPO a los Procedimientos Especiales en 2024 destacó violaciones continuas, como la degradación ambiental y el vertido de residuos; deficiencias en la infraestructura; aislamiento y exclusión sistémicos; discriminación y violencia; y detenciones arbitrarias y represión política, incluyendo restricciones a la libertad de expresión y de prensa, así como la injerencia en la libertad de reunión y de circulación. Reveló cómo, en julio de 2024, ante la creciente destrucción ambiental y su impacto en la salud y los medios de subsistencia, los residentes annoboneses y los defensores de los derechos humanos publicaron un manifiesto exigiendo la intervención del gobierno. En lugar de responder a las preocupaciones de la comunidad, las autoridades cortaron los servicios de telefonía móvil e internet en la isla, aislando a la población del mundo exterior.

Poco después, las fuerzas de seguridad detuvieron a 42 miembros de la comunidad, entre ellos líderes que apoyaban el manifiesto y participaban en manifestaciones pacíficas. Tres meses más tarde, solo cinco de las detenidas, todas mujeres mayores, fueron liberadas, acusadas de rebelión y violación de derechos fundamentales. En junio de 2025, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas emitió una declaración formal condenando las detenciones y clasificándolas como arbitrarias según las categorías I, II, III y V de su sistema de clasificación. La opinión del Grupo de Trabajo propició la liberación de los 37 miembros restantes de la comunidad, lo cual fue celebrado por la UNPO. Sin embargo, un año después de las detenciones arbitrarias, testigos siguen denunciando una mayor militarización, intimidación y abusos por parte de las unidades militares desplegadas.

Las consecuencias de los explosivos pueden verse a distancia, muy cerca de Palé, la ciudad principal de la isla.

En respuesta a las cuestiones planteadas por la UNPO, nueve titulares de mandatos de la ONU —entre ellos los Relatores Especiales sobre el medio ambiente, la reunión pacífica y la asociación, la vivienda, las cuestiones de las minorías, los defensores de los derechos humanos, los desechos peligrosos y el agua y el saneamiento—, junto con dos Grupos de Trabajo, emitieron Cartas de Asesoramiento Conjunto (JAL, por sus siglas en inglés) al gobierno de Guinea Ecuatorial y a SOMAGEC en agosto de 2025. Ambas cartas plantearon las mismas preocupaciones: la degradación ambiental, la extracción irregular de minerales, las detenciones arbitrarias y el impacto negativo en la salud, los medios de subsistencia y los derechos fundamentales de la comunidad annobonesa. Los titulares de mandatos subrayaron la urgente necesidad de rendición de cuentas, consulta con las comunidades afectadas y la implementación de medidas regulatorias y de protección adecuadas.

Los JAL destacaron que la situación alcanzó un punto crítico debido a las actividades de la constructora SOMAGEC, dirigida por el multimillonario Roger Sahyoun, que opera en la isla desde 2007. Si bien SOMAGEC presenta infraestructura militar -puesta al servicio de la elite gobernante- como contribuciones positivas, los expertos de la ONU advirtieron que el uso de explosivos, la extracción incontrolada de piedra y la ausencia de evaluaciones de impacto ambiental por parte de la empresa han generado serias preocupaciones sobre la degradación ambiental en curso.

Estas actividades han destruido tierras agrícolas, provocando inundaciones repentinas, poniendo en peligro la supervivencia del lago Mazafín y contaminando fuentes de agua esenciales para la comunidad. Además, señalan que los proyectos de agua potable de SOMAGEC no cumplen con los estándares básicos de calidad, lo que obliga a los residentes a realizar largos recorridos hasta los ríos para obtener agua que, si bien sigue siendo insegura, se considera menos peligrosa que la que se les proporciona.

La UNPO acoge con beneplácito las JAL como un paso necesario hacia la rendición de cuentas y condena enérgicamente la negación de cualquier irregularidad por parte de SOMAGEC en su carta de respuesta, así como la falta de respuesta del estado de Guinea Ecuatorial. Asimismo, celebra la creciente atención que la comunidad internacional presta a la degradación ambiental y las violaciones de derechos humanos en Annobón.

Vale destacar que, recientemente, la diputada argentina Lourdes Arrieta impulsó un proyecto de declaración que condena enérgicamente la escalada militar sin precedentes, las detenciones arbitrarias y la degradación ambiental en Annobón, convirtiéndose así en el primer estado del mundo en hacerlo públicamente. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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