Empresa aliada a CECAITRA se hará cargo de una extraña privatización impositiva en distrito K

La gestión del intendente Walter Wischnivetzky, de Unión por la Patria, avanza silenciosamente en un esquema que, lejos de fortalecer la capacidad estatal, traslada funciones esenciales del estado municipal a manos privadas. Un proceso que, a simple vista, se parece demasiado a una privatización de la recaudación tributaria, confiando dicha responsabilidad a una polémica empresa vinculada a la ya cuestionada Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA).

El expediente 811/25, para la aprobación del pliego de gestión de ingresos, confirma que la municipalidad de Mar Chiquita prepara un esquema donde la “gestión de ingresos tributarios” –es decir, la identificación, fiscalización, seguimiento y eventual cobro de tributos municipales– queda en manos de privados. En un contexto donde los municipios reclaman autonomía, recursos y capacidad de gestión, el gobierno de Wischnivetzky va en sentido contrario: le entrega la llave de la recaudación a un operador privado, cuyo grado de control, transparencia y supervisión aún no queda claro en la documentación.

La sombra del fraude

La empresa Publi-Vial SRL se presenta como una proveedora de “soluciones integrales” para municipios: desde control del espacio público hasta fiscalización tributaria, publicidad, antenas y sistemas de vigilancia aérea mediante drones. Sin embargo, detrás del discurso tecnocrático de “ordenamiento” y “modernización”, su portfolio exhibe un esquema de recaudación tercerizada, donde empresas privadas asumen funciones típicamente estatales gracias a concesiones políticas.

Dentro de ese entramado aparece un dato central: Publi-Vial SRL reconoce en su propia carpeta institucional a CECAITRA como empresa aliada. La presentación señala que la iniciativa de implementar fotomultas, controles de velocidad, cruce de semáforo en rojo y estacionamiento prohibido surge del “trabajo conjunto” con la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional La Plata y CECAITRA, la misma cámara empresarial hoy investigada judicialmente por presuntas irregularidades en la certificación de cinemómetros, vínculos políticos opacos y un negocio millonario basado en la tercerización del control vial.

Para colmo, la mencionada casa de estudios que conduce el decano Luis Agustín Ricci fue recientemente allanada en el marco de una investigación por presunto fraude con fotomultas.

Publi-Vial SRL se encuentra integrada por Sergio Fernando Rivas y Marcelo Alejandro Cabello, al igual que su gemela Jet Publicidad SRL, una empresa que originalmente pertenecía a Virginia Anahí Pellerano, hoy empleada en la dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.

Además, Cabello, quien se encuentra casado con Gladys Carolina Barreto, también comparte la sociedad Calma del Mar Desarrollos SA con el marplatense Guillermo Conrado Di Pierri, de la empresa Transportes 9 de Julio.

Un modelo más cercano a Milei que al peronismo territorial

Lo llamativo no es solo la entrega de facultades estatales a cuestionados intereses privados, sino quién la impulsa. Wischnivetzky, alineado formalmente con Unión por la Patria, avanza con un modelo que encaja más con la ideología de Javier Milei que con la tradición peronista que dice defender.

Mientras Milei impulsa la reducción del estado y la privatización de funciones esenciales, el municipio parece dispuesto a “tercerizar” el poder tributario, un área donde la presencia estatal debería ser indelegable.

Por lo pronto, las preguntas detrás de esta iniciativa son más que las respuestas: ¿A quién beneficia este esquema? ¿Por qué un municipio de la Costa Atlántica, con un intendente peronista, decide delegar a empresas privadas la gestión, fiscalización y cobro de tributos, incluidos los que nacen del uso del espacio público? ¿Quién garantiza que no haya intereses económicos no declarados detrás de estas cesiones? ¿Por qué el gobierno de Axel Kicillof continúa haciendo concesiones al entorno de CECAITRA?

La insistente vinculación con CECAITRA

Resulta inquietante que este entramado no aparece como un hecho aislado, sino como parte de una relación persistente entre CECAITRA y distintos niveles del gobierno bonaerense. A pesar de los fallos del Tribunal de Cuentas, de las sanciones contra intendentes como Julio Zamora y de las investigaciones penales que comprometen a exfuncionarios como Jorge D’Onofrio, CECAITRA sigue gravitando en la estructura administrativa de la provincia, con el presunto aval del ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

Su presencia se mantiene incluso después de que la Justicia cuestionara su falta de capacidad legal para operar como concesionaria y detectara irregularidades en sus contratos, certificaciones y procesos de adjudicación.

Walter Wischnivetzky y Carlos Bianco.

La continuidad de estos vínculos solo puede explicarse por un paraguas político que, lejos de debilitarse, parece haber sobrevivido a cada escándalo. Durante la gestión de Axel Kicillof, CECAITRA consolidó convenios estratégicos. El caso protagonizado por Jorge D’Onofrio —allanado junto a la sede de la cámara involucrada— no solo reveló un posible esquema de direccionamiento de contratos, sino también la proximidad de la entidad a funcionarios con poder real para moldear licitaciones, promover adjudicaciones directas y blindar tecnológicamente el negocio de las fotomultas.

Por eso, el desembarco de una empresa aliada de CECAITRA en municipios gobernados por el peronismo provincial no puede interpretarse como un accidente burocrático. Es parte de un modelo que se reproduce bajo la administración de Kicillof, donde firmas con cuestionada capacidad legal, antecedentes de irregularidades y vínculos políticos comprobados mantienen influencia sobre sistemas de control, recaudación y fiscalización.

En este contexto, la decisión del intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, de avanzar hacia una privatización encubierta de la gestión tributaria no solo replica un patrón opaco: también expone la sorprendente permeabilidad del gobierno provincial ante los mismos intereses privados que hoy están bajo investigación judicial. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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