El “Sistema Díaz”: Red de cobros ilegales sacude a la Policía Bonaerense

Una investigación administrativa sin precedentes sacudió a la estructura de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Documentación oficial a la que accedió REALPOLITIK revela que la Auditoría General de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires recomendó la cesantía de más de ochenta efectivos policiales —entre ellos comisarios, subcomisarios, oficiales y sargentos— por su presunta participación en un esquema de pagos ilegales para aprobar cursos obligatorios de reentrenamiento dictados en el centro de entrenamiento La Costa.

La investigación apunta de manera central al comisario Juan Alberto Díaz, señalado como el presunto organizador del circuito de cobros de dinero a cambio de aprobar el módulo “Operaciones Policiales”, obligatorio para el personal activo. Según la auditoría, Díaz habría recibido transferencias por más de 1.394.000 entre junio de 2022 y octubre de 2023, presuntamente abonadas por decenas de policías que buscaban aprobar el curso sin asistir.

El expediente, identificado como investigación sumarial administrativa 1050-75501/623, contiene una extensa cantidad de páginas de movimientos bancarios, testimonios, descargos, nulidades planteadas, incomparecencias y defensas técnicas. Todo culminó en la recomendación de la sanción disciplinaria más grave: la expulsión.

La mecánica del presunto fraude

De acuerdo con la documentación analizada, Díaz era docente del módulo de “Operaciones Policiales” en el centro de entrenamiento La Costa, ubicado en Santa Teresita. Allí se dictaban talleres presenciales de reentrenamiento físico, primeros auxilios, defensa personal, psicología policial, tiro y derecho.

Pero, según la Auditoría, paralelamente funcionaba un sistema de pagos informales: quienes no podían o no querían asistir, podían “aprobar” el módulo transfiriendo dinero directamente a la cuenta personal del comisario —una caja de ahorro del Banco Provincia (CBU terminada en 7249/2)—. Los montos de las transferencias eran extremadamente variados: desde 3 mil hasta 103 mil pesos, dependiendo del caso.

La lista es extensa. A lo largo de decenas de páginas se detallan, con fecha, apellido y legajo, todos los pagos imputados. Sargentos, tenientes, oficiales, subinspectores y hasta capitanes habrían girado dinero a Díaz en fechas coincidentes con el periodo de cursada.

En algunos casos, los policías admitieron haber realizado transferencias, aunque atribuyeron esos pagos a compras de indumentaria policial, viandas, gorras, remeras o “gastos compartidos” entre compañeros. Otros reconocieron vínculos de amistad. Y unos cuantos aseguraron que Díaz actuaba como “mandadero”, realizando fletes o enviando encomiendas desde La Costa a La Plata.

Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Pero la Auditoría fue tajante: la suma del volumen, las fechas y los patrones de pago constituye un indicio grave de maniobras incompatibles con el servicio.

Descargos, nulidades y defensas: un mosaico de argumentos

Buena parte del expediente está compuesto por las declaraciones y escritos de defensa. La mayoría de los acusados —asistidos por diferentes abogados— planteó la nulidad del auto de imputación, cuestionó el uso de extractos bancarios, alegó violación del secreto bancario y reclamó que la causa administrativa quedara supeditada a la investigación penal en curso.

Entre las defensas más recurrentes se destacan:

- “Yo asistí al curso, nunca pagué para aprobar nada”.

- “Las transferencias eran por compras personales o comida compartida”.

- “Díaz vendía indumentaria policial, sushi, hacía fletes y viajes, y le comprábamos cosas”.

- “No tenía facultades para aprobar ni desaprobar, era solo un docente auxiliar”.

- “Tengo el mismo número de teléfono desde siempre; no hay relación con lo que dicen”.

- “Fue un error, ese monto no lo transferí jamás”.

- “El curso no se desaprueba: si te va mal, te dan otro día”.

Algunas declaraciones resultaron particularmente llamativas. Un efectivo admitió que le compró “dos gorras de seis gajos” al comisario. Otro aseguró que el monto que le imputaban era “casi su sueldo”, por lo que era imposible que lo hubiera pagado.

Varias policías denunciaron el impacto psicológico de la causa y señalaron tener “legajos impecables”. En contraste, más de un decena de efectivos no se presentó a declarar pese a estar debidamente notificados.

El caso del comisario inspector Marcos Aguirre, único sobreseído

El expediente incluyó también al comisario inspector Marcos Alberto Aguirre, pero la Auditoría recomendó su sobreseimiento definitivo, al entender que no tenía ninguna injerencia operativa en el centro de entrenamiento La Costa.

Aguirre explicó que su función era jefe de División de la Escuela de Policía Juan Vucetich – Sede La Costa, una estructura completamente distinta a la de los centros de reentrenamiento. Describió organigramas, mandos naturales, responsables funcionales y el circuito de órdenes, dejando en claro que él no tenía control sobre Díaz, Arzuaga ni las actividades de reentrenamiento.

Asuntos Internos.

Un expediente que expone fallas sistémicas

Más allá de las responsabilidades individuales, la auditoría deja expuesta la falta de control formal sobre los centros de entrenamiento. Uno de los jefes explicó que el propio centro de La Costa ni siquiera contaba con resolución ministerial de creación, y que por esa razón fue cargado precariamente en un sistema (RP2100) para su funcionamiento cotidiano.

Esto, sumado al manejo informal de compras de indumentaria, las encomiendas personales y la convivencia diaria entre instructores y cursantes, generó un ambiente ideal para la opacidad administrativa.

Tras analizar transferencias, testimonios, pericias, antenas telefónicas, informes y documentación bancaria, la Auditora Sumarial concluyó que existen elementos de certeza suficientes para recomendar la cesantía del comisario Juan Alberto Díaz, el subcomisario José Ignacio Arzuaga y más de ochenta efectivos policiales detallados por nombre, cargo y legajo a lo largo del dictamen.

Será ahora el ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires el que deberá resolver si aplica o no la sanción máxima, en un expediente que promete seguir generando ruido dentro de la Policía Bonaerense y que ya se encuentra también bajo la lupa de la Justicia Penal. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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