Insólito: El ministro Andrés Larroque pagó sueldos y bonificaciones a exempleados

Un informe del Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires encendió luces de alerta sobre el manejo de fondos públicos en el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA) durante el ejercicio 2023. El expediente 2-388.0-2023 detalla una serie de observaciones que incluyen pagos de haberes a empleados dados de baja, liquidación de bonificaciones sin respaldo normativo, fallas graves en convenios con instituciones y demoras en la rendición de subsidios por más de 50 millones de pesos.

Durante todo el año 2023, el organismo, que depende del ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires que encabeza Andrés Larroque, estuvo dirigido por Germán Leonel Urman, quien aparece señalado como uno de los principales responsables administrativos junto al director General de Administración, Alejandro Carlos Mazaroni, la directora de Contabilidad y Presupuesto, Karina Vanesa Olivera, y el director Delegado de Personal, Javier Enrique Méndez.

El presupuesto del OPNyA para 2023 fue de 33.460.777.546 pesos, tras una ampliación superior a los 7.100 millones de pesos. El total devengado ascendió a 33.357.983.525,57, de los cuales se pagaron 30.674.576.382,69 y quedaron como deuda 2.683.407.142,88.

Pagos irregulares a empleados dados de baja

Uno de los puntos más graves detectados por la auditoría fue el pago de haberes a once agentes que ya se encontraban con baja preventiva. Pese a estar cesanteados, jubilados o con licencias sin goce de haberes, siguieron cobrando sueldos durante varios meses.

Los casos detectados fueron:

- Ignacio Barrena, con baja el 24 de julio de 2023, cobró hasta septiembre. Monto observado: 1.199.942,56.

- Marisol Camporro, baja el 1 de marzo de 2023 por jubilación, cobró hasta julio. Monto: 936.165,30.

- Flavia Daniela González, baja el 20 de febrero de 2023, cobró hasta mayo. Monto: 557.147,41.

- Mauro David Graff, baja el 1 de octubre de 2023, cobró hasta octubre. Monto:  327.047,72.

- Susana Isabel Irigoyen, baja el 1 de septiembre de 2023, cobró hasta noviembre. Monto: 666.216,52.

- Claudio Américo Longa, baja el 24 de mayo de 2023, cobró hasta agosto. Monto: 213.927,00.

- Miriam del Carmen Manzano, baja el 20 de julio de 2023 por jubilación por incapacidad, cobró hasta septiembre. Monto: 426.153,50.

- Romina Paula Montenegro, baja el 22 de junio de 2023 por cesantía, cobró hasta julio. Monto: 332.794,17.

- Fernando Paoloca, baja el 1 de mayo de 2023 por jubilación, cobró hasta mayo. Monto: 264.001,02.

- Gerardo Martín Sschoenfeld, baja el 1 de septiembre de 2023, cobró hasta septiembre. Monto: 329.546,07.

- Julieta Analí Siley, baja el 31 de agosto de 2023 por renuncia, cobró hasta octubre. Monto: 403.664,16.

El Tribunal de Cuentas dejó en claro que estos pagos violan la normativa vigente y advirtió que los responsables no quedan exentos de eventuales sanciones hasta que se recupere el dinero.

Bonificaciones pagadas sin respaldo legal

Otra irregularidad grave fue la liquidación de conceptos salariales sin sustento normativo. El informe detalla el pago indebido de la bonificación remunerativa no bonificable del decreto 710/22 a empleados que trabajaban treinta horas semanales, cuando la normativa exige un mínimo de cuarenta horas.

Entre los beneficiarios aparecen Diego Esteban Da Aacosta, Susana Laburu, Héctor Enrique Ledesma, Ana Rosa Lia Raniolo, Eduardo David Roldán y Marta Graciela Solsona, con montos brutos anuales que llegaron hasta 956.063,72 por persona.

También se detectó el pago de bonificaciones por minoridad a agentes encuadrados bajo la ley 10.579, sin sustento legal. Solo en 2023, estos pagos representaron montos mensuales que oscilaron entre los 4,3 millones y los 9,6 millones, acumulando decenas de millones de pesos en erogaciones observadas.

Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia.

Subsidios del programa Decisión Niñez sin rendición

El informe también pone la lupa sobre el programa Decisión Niñez, mediante el cual se entregaron 129 subsidios de 400 mil cada uno, por un total de 51.600.000. El problema es que una parte de esos fondos no había sido rendida dentro del plazo legal de 180 días.

Entre los beneficiarios con rendiciones demoradas aparecen, entre otros: Mariana Santos, Lucas Javier García, Raúl Esteban Navarro, la fundación Pequeños Hogares, Rosana Ayelén Díaz, Suyai Ayen Branchesi, María Julia Poire y Graciela Cristina Acuña, todos por montos individuales de 400 mil pesos.

La responsabilidad del seguimiento de esas rendiciones recayó en los servicios zonales del propio organismo, que fueron señalados por su falta de control efectivo.

Andrés Larroque y Axel Kicillof.

Convenios irregulares con instituciones de abrigo

El Tribunal también observó irregularidades en convenios firmados con hogares convivenciales y casas de abrigo. Si bien la mayoría de los casos fueron regularizados con posterioridad, quedó firme la observación contra la asociación civil MANU (Mucho Amor Nos Une), que al momento de la auditoría no contaba con acto administrativo aprobatorio del convenio.

Por esta situación quedaron bajo responsabilidad directa Germán Leonel Urman, las subsecretarias Mariana Silvia Fiamingo y Nancy Andrea Cáceres, y los exdirectores provinciales María Tatiana Farías y Nicolás Alejandro Carivenc.

Fallo confirmado

En un nuevo fallo del 20 de noviembre, el Tribunal de Cuentas resolvió confirmar las irregularidades detectadas en el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia durante el ejercicio 2023, al no haberse acreditado de manera fehaciente el recupero de los fondos observados, ratificando como indebidos los pagos de haberes a agentes dados de baja, la liquidación de bonificaciones sin respaldo legal y las erogaciones efectuadas sin cumplimiento de la normativa vigente, dejando bajo responsabilidad directa a las autoridades del organismo y habilitando la continuidad de las actuaciones para la eventual aplicación de sanciones administrativas y patrimoniales.

Consultado por este medio sobre la gravedad de la información, el secretario de Minoridad de Sindicato de Trabajadores Auxiliares No Docentes, Administrativos y Minoridad (STANDAYM), Pablo Lenz, respondió que, si bien desconoce los detalles puntuales del informe, a prima facie lo expuesto resulta absolutamente verosímil. En ese sentido, sostuvo que el OPNyA es una verdadera “Caja de Pandora” y que lo único que falta son auditorías serias. Además, recordó que en el marco de un despido grupal arbitrario y discriminatorio, que incluyó a cinco trabajadores en una misma resolución, tres ya fueron reincorporados, mientras que dos continúan cesantes y sin haber cobrado siquiera la liquidación final hasta el último día trabajado.

El informe vuelve a exponer una matriz de fallas estructurales en el control del gasto público dentro de un área extremadamente sensible del estado bonaerense, donde cada peso mal administrado impacta de lleno en las políticas de protección de niños y adolescentes. (www.REALPOLITIK.com.ar)

¿Qué te parece esta nota?

COMENTÁ / VER COMENTARIOS