Fallo judicial frena la Tasa Portuaria en Necochea y desata un fuerte cruce político y legal

La decisión del juez Carlos Alberto Herrera de otorgar una medida cautelar a favor de las terminales portuarias volvió a encender la disputa por la Tasa Solidaria por Mantenimiento Diferenciado de la Red Vial, conocida como tasa portuaria, un tributo clave para la Municipalidad de Necochea destinado a financiar el mantenimiento de las calles afectadas por el tránsito pesado hacia Puerto Quequén. Desde el Ejecutivo local calificaron la resolución judicial como “infundada y perjudicial para los vecinos”, mientras que dirigentes políticos y especialistas en derecho observan con sorpresa el giro del juzgado, que meses atrás había tomado la postura contraria.

La medida cautelar ordena al municipio abstenerse de avanzar en cualquier trámite administrativo o judicial vinculado al cobro de la tasa, que alcanza a Sitio 0 de Quequén S.A., Pier Doce S.A., Terminal Quequén S.A., Terminales y Servicios S.A. y Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). Para la comuna, esta resolución “beneficia a empresas con ganancias millonarias y traslada el costo del deterioro de las calles a los vecinos de Necochea y Quequén”.

Desde la Municipalidad recordaron que entre el 1° de enero de 2017 y el 30 de noviembre de 2025 circularon por el distrito más de 2.075.000 camiones, y que solo en 2025 ya lo hicieron más de 275.000 vehículos de gran porte, cifras que describen el impacto directo sobre la red vial municipal. Sin la recaudación de la tasa, afirman, las calles seguirán siendo financiadas por los contribuyentes comunes, mientras las empresas exportadoras quedan exentas.

El fallo fue considerado llamativo por el Ejecutivo porque el mismo juzgado había rechazado una cautelar similar en agosto de 2025. Además, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata ya había declarado constitucional la tasa en 2024, ordenando incluso el levantamiento de cautelares previas. En contraste, remarcan que la Justicia lleva un año sin resolver el pedido municipal para reactivar la cobrabilidad del tributo hacia las exportadoras.

El secretario de Legal y Técnica, Ernesto Povilaitis, cuestionó la resolución y anunció la apelación: “El fallo contradice decisiones previas y perjudica directamente al vecino, que termina subsidiando la actividad portuaria”. También señaló inconsistencias en la redacción y en los argumentos del juzgado, entre ellos la fijación de una caución real de apenas 10 millones de pesos, monto que consideran “irrisorio” frente a una deuda que supera ampliamente los 4.000 millones.

La discusión también escaló al plano político. El concejal Julián Kristiansen (Unión por la Patria – PJ) expresó “bronca e indignación” y defendió la tasa como un instrumento solidario que busca “equidad para los vecinos que no rompen las calles, pero terminan pagando su reparación”. El edil remarcó la contradicción del juzgado frente a fallos previos y convocó a la comunidad a “defender la tasa portuaria”.

En redes sociales, vecinos y referentes de Quequén coincidieron en que la carga pesada no puede seguir siendo financiada por contribuyentes que no la generan. Comentarios de usuarios como Sofía Laszuk, Lucas Ortega y Luciano González reflejaron un mismo eje: la necesidad de un criterio justo donde “quien rompe, paga”.

La apelación municipal ya está en marcha y deberá ser analizada por la Cámara de Apelaciones, que tendrá la última palabra en un conflicto que combina intereses económicos, desgaste urbano y una pregunta central para el distrito: quién debe hacerse cargo del impacto del puerto sobre la ciudad. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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