Opinión
El presidente de la Nación, Javier Milei, aprobó, mediante el decreto 864/2025 la nueva “Política de Inteligencia Nacional” que introduce el concepto de “judicialización estratégica” como objetivo del accionar de los espías estatales.
En realidad, se trata de un modo despectivo de referirse al “litigio estratégico”, una herramienta legítima, válida y esencial en una república. Ya que es el mecanismo por el cual ciudadanos, organizaciones y grupos afectados recurren a la Justicia para frenar abusos del poder, reparar violaciones de derechos o cuestionar normas inconstitucionales. En fin, un modo de ajustar a derecho las políticas públicas con total apego a la institucionalidad republicana y democrática.
Sin embargo, la nueva “Política de Inteligencia Nacional” considera a esta actividad como una eventual amenaza al orden republicano y democrático.
Ahora bien, que la Secretaría de Inteligencia (SIDE) tenga la facultad de analizar, evaluar e inmiscuirse en acciones judiciales que individuos o colectivos inicien contra el estado es un salto cualitativo hacia un modelo de inteligencia incompatible con una república plena. Más aún cuando, el actual gobierno, ha decidido “suspender” leyes muy sensibles que hacen al bienestar de niños enfermos, estudiantes y discapacitados, ejerciendo una potestad que la Constitución nacional no le ha otorgado.
El absurdo de lo decidido se advierte con total claridad a partir del siguiente razonamiento: ¿Puede ser una amenaza un simple reclamo judicial? No pareciera. Fundamentalmente porque el reclamo, en sí mismo, no genera modificación alguna en las políticas públicas cuestionadas en su legalidad. Para ello se requiere que el reclamo sea aceptado por los jueces, a través de una o más sentencias. ¿Pretenderá el presidente de la Nación que la SIDE espíe a los jueces? ¿Por qué razón el gobierno de turno estaría por encima de la Justicia, a la hora de analizar si un reclamo judicial acogido a través de una sentencia pone en riesgo el orden republicano y democrático? ¿No es acaso la Corte Suprema el último custodio de la Constitución nacional?
Es aquí donde aparece la fauna más pintoresca de la política local: los “republicanos selectivos”. Esos que ven autoritarismo en cada tasa municipal, pero no en un decreto que habilita a la SIDE (dicho sea de paso, el organismo más beneficiado por lejos con el dinero de los contribuyentes)) a espiar litigantes y/o jueces, en función de reclamos judiciales tendientes a que el estado se ajuste a derecho.
Esos que denuncian atropellos institucionales… siempre y cuando provengan del adversario. Porque cuando los atropellos vienen de sus amigos, la brújula de la ética pública parece trabárseles. ¿Dónde están ahora los guardianes de la república? ¿Dónde los analistas indignados? Están callados. Muy callados. Miserablemente callados.
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