Denuncia penal exige la intervención urgente del IOMA de Axel Kicillof

Una denuncia penal federal de extrema gravedad fue presentada en las últimas horas ante la Justicia, solicitando la apertura inmediata de una investigación y el dictado de medidas cautelares urgentes, incluida la intervención judicial del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), por hechos que podrían configurar el delito de abandono de personas enfermas, previsto en el artículo 106 del Código Penal.

La presentación, formulada por el ciudadano Daniel Sarwer, advierte sobre un colapso sanitario estructural del principal sistema de cobertura médica de la provincia de Buenos Aires, con peligro cierto e inminente para la vida y la salud de miles de afiliados, y apunta a responsabilidades funcionales actuales y pasadas dentro del estado provincial.

La denuncia penal contra el IOMA.

Colapso sanitario y riesgo vital

Según la denuncia, el IOMA atraviesa una crisis profunda y sostenida de prestaciones, caracterizada por la falta total o parcial de atención médica, la suspensión de tratamientos oncológicos y crónicos, la interrupción en la provisión de medicación vital —como insulina y fármacos cardiovasculares— y la cancelación de cirugías, estudios y prácticas esenciales por deudas con prestadores. 

Por ejemplo, en La Plata, durante las últimas horas, la Agremiación Médica Platense (AMP) suspendió la atención a través de esta obra social por falta de pagos. La medida se mantendrá vigente hasta que se pueda realizar la liquidación y el pago a los profesionales afectados.

El escrito sostiene que estas falencias no constituyen hechos aislados, sino un funcionamiento deficiente generalizado, que habría colocado a personas enfermas en una situación de desamparo sanitario, con consecuencias que incluyen agravamiento de patologías, discapacidad evitable y muertes potencialmente evitables.

Abandono de personas

Desde el punto de vista jurídico, la denuncia encuadra los hechos, en forma preliminar, en el artículo 106 del Código Penal, que reprime a quien pone en peligro la vida o la salud de una persona colocándola en situación de desamparo, cuando existe una obligación legal de cuidado.

En ese sentido, se argumenta que el el gobierno de Axel Kicillof, a través del IOMA y sus autoridades, tiene un deber legal y funcional indelegable de garantizar el acceso efectivo a prestaciones médicas esenciales. La omisión prolongada, con conocimiento del colapso y sin medidas eficaces, podría configurar —si así se comprobara— un abandono penalmente relevante, agravado por su carácter actual y reiterado.

Responsabilidades a investigar

La presentación no formula imputaciones penales directas, pero solicita que se investigue la eventual responsabilidad por acción u omisión de autoridades actuales, entre ellas a Axel Kicillof (gobernador de la provincia de Buenos Aires), Homero Giles (titular del IOMA) y a funcionarios del ministerio de Salud bonaerense que conduce Nicolás Kreplak.

El eje de la investigación propuesta se centra en decisiones administrativas, omisiones de control, desfinanciamiento operativo y tolerancia del colapso prestacional, con impacto directo en derechos fundamentales.

Asimismo, el denunciante pide reconstruir la cadena histórica de responsabilidades, señalando que la crisis del IOMA es estructural y de larga data, y menciona, a los exclusivos fines investigativos, el escándalo de la empresa Osteolife, que data de la época de Daniel Scioli y Carlos Pampuro, aclarando expresamente que ello no implica imputación penal, sino la necesidad de determinar orígenes del daño y omisiones relevantes.

Pedido de intervención judicial urgente

Uno de los puntos centrales del escrito es la solicitud de una medida cautelar de máxima intensidad institucional: la intervención judicial del IOMA, con designación de un interventor con facultades plenas para:

- Garantizar de manera inmediata las prestaciones médicas;

- Regularizar pagos críticos a prestadores;

- Asegurar la provisión urgente de medicación vital;

- Auditar contratos, intermediaciones y flujos financieros.

También se solicita la administración cautelar de fondos y el secuestro de documentación para evitar la destrucción de pruebas.

Homero Giles, el hombre detrás de la destrucción de la obra social de los bonaerenses.

Gravedad institucional y posible intervención nacional

La denuncia advierte que el agravamiento actual podría habilitar, de corresponder, la intervención del estado Nacional, ante la incapacidad prolongada de una provincia de garantizar el derecho constitucional a la salud, configurando un supuesto de gravedad institucional que excede el ámbito local.

En respaldo del planteo, se citan precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que reconocen un deber reforzado del estado ante situaciones de riesgo vital y habilitan medidas cautelares excepcionales para evitar daños irreparables.

Finalmente, el denunciante invoca el artículo 150 del Código Procesal Penal de la Nación, dejando constancia de que la demora u omisión en resolver y notificar podría comprometer la responsabilidad funcional del magistrado interviniente, dada la urgencia del caso y el peligro denunciado.

La causa se presenta así como un expediente testigo, con potencial impacto judicial, político y sanitario, que pone bajo la lupa no solo la gestión actual del IOMA, sino el modelo estructural de administración de la salud pública bonaerense. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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