La Unidad de Pronta Atención (UPA) Nro. 6 de Los Hornos atraviesa una crisis profunda que excede largamente los problemas habituales del sistema de salud. Denuncias internas, testimonios coincidentes y documentación comprometedora exponen un entramado de presuntas irregularidades que incluyen corrupción administrativa, direccionamiento de concursos, persecución laboral, uso político de recursos públicos y un progresivo vaciamiento de la atención sanitaria.
El foco de las acusaciones recae sobre la actual conducción de la UPA, encabezada por su director, Guillermo Ramos, y su mano derecha, Eva Mercado, quien —según denuncian los trabajadores— ocupa un cargo “inventado”, inexistente en la estructura formal del resto de las UPA de la provincia de Buenos Aires.
De acuerdo a los testimonios recogidos, durante la gestión de Ramos se produjo el ingreso masivo de personal que, si bien figura como trabajador de la UPA, no cumpliría funciones asistenciales regulares. “Llegaron como un tsunami”, describen desde adentro. Según las denuncias, muchos de esos empleados cobran su salario pero dedican gran parte de su tiempo a “hacer territorio”, es decir, a tareas políticas en barrios vulnerables, en favor del oficialismo.
Para esas actividades, aseguran, se utilizan —y se sustraen— insumos pertenecientes a la UPA de Los Hornos, debilitando aún más el funcionamiento cotidiano del servicio de emergencias.
Uno de los episodios más graves gira en torno al concurso para la jefatura de guardia. Durante años, la guardia estuvo sostenida de hecho por el médico Pablo Ivorra, quien, pese a no estar formalmente designado, fue el responsable de organizar turnos, garantizar la atención y resolver los problemas diarios del servicio.
Ante esa situación irregular, Ivorra solicitó que se abriera un concurso para regularizar el cargo. Sin embargo, según relatan los trabajadores, la dirección pretendía que la ganadora fuera Eva Mercado, quien no cumplía con los requisitos exigidos: antecedentes, presentación de un trabajo escrito y examen oral.
Al no poder presentarse Mercado, la conducción habría impulsado la candidatura de una trabajadora social externa a la UPA, María Soledad Martínez. Según las denuncias, tanto Ramos como Mercado habrían intervenido directamente en la elaboración del trabajo que Martínez debía presentar para el concurso.
El certamen se realizó el día 25 y, finalmente, Martínez resultó ganadora, desplazando a quien efectivamente había sostenido la guardia durante años.
Tras el concurso, el clima interno estalló. Las médicas de guardia realizaron una protesta y se negaron a atender pacientes. En ese contexto, Guillermo Ramos salió a cubrir la guardia personalmente. Sin embargo, dejó abierto su WhatsApp Web en el consultorio que utilizó.


Varios trabajadores accedieron a los mensajes y tomaron capturas de pantalla. En esos chats —según relatan— se evidenciaría que a la trabajadora social ganadora del concurso le habrían pasado previamente las preguntas del examen para impedir que Ivorra pudiera imponerse. También se mencionan listas de empleados a desplazar y el objetivo explícito de vaciar sectores clave como Farmacia y Recursos Humanos.
La médica que detectó los mensajes y tomó las capturas fue sancionada con un sumario administrativo, lo que los trabajadores interpretan como un acto de represalia y amedrentamiento.
En los mismos intercambios aparece mencionado Carlos Farías, aliado de Ramos, quien solicita que le envíen empleados a su área para “hacerlos parir”, una expresión que se repite en varios relatos internos y que es señalada como parte de un esquema de hostigamiento sistemático.
Mientras se multiplican las denuncias políticas y administrativas, la atención sanitaria se deteriora de manera alarmante. Según los trabajadores, ya se cerró una sala de observación, obligando a que pacientes adultos y pediátricos compartan el mismo espacio y, en algunos casos, la misma cama.
Ahora, advierten, el objetivo sería cerrar la guardia nocturna, lo que dejaría a una amplia zona de Los Hornos sin atención de urgencias durante la noche. “El vaciamiento es deliberado”, aseguran. “Quieren transformar la UPA en una base política territorial y desarmar todo lo que tenga que ver con la atención de emergencias”.
A las irregularidades funcionales se suman serias dudas sobre el manejo de los fondos. Los trabajadores aseguran haber detectado licitaciones por cubiertas, baterías de vehículos, teclados informáticos y otros insumos que nunca aparecieron en la UPA. “No hay vehículos, no hay teclados nuevos. ¿Dónde está la plata?”, se preguntan.
También denuncian casos de personas que cobran su salario sin presentarse a trabajar desde hace años, entre ellos una médica que residiría en el extranjero y que, según afirman, continúa percibiendo su sueldo, transfiriendo luego el dinero a terceros.



A esto se suma una superposición de funciones llamativa: Eva Mercado realizaría audiometrías pese a ser psicóloga, en un contexto generalizado de desorden administrativo y falta de controles.
Los trabajadores de la UPA 6 de Los Hornos aseguran que agotaron todas las instancias internas y que ahora temen represalias aún mayores. Sin embargo, remarcan que no buscan conflicto político sino preservar la salud pública y la seguridad de pacientes y trabajadores.
Por estas horas, exigen la intervención urgente del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Nicolás Kreplak, la apertura de auditorías administrativas y sanitarias, la revisión del concurso cuestionado y la restitución plena de las áreas críticas desmanteladas. “La UPA de Los Hornos fue una conquista histórica de la comunidad. Hoy está siendo desarmada desde adentro”, concluyen. (www.REALPOLITIK.com.ar)