Licitación del transporte en Paraná: Acusan a Rosario Romero de violar la ley laboral

La licitación del transporte urbano en la ciudad de Paraná quedó envuelta en una controversia que excede largamente lo gremial y lo técnico. Trabajadores afectados por el recambio de concesión denuncian que el proceso licitatorio impulsado por el ejecutivo local violó la ley de Contrato de Trabajo y señalan a la intendente de la municipalidad de Paraná, Rosario Romero, como responsable directa de una adjudicación que, sostienen, vulnera derechos laborales básicos.

El eje del conflicto gira en torno al artículo 225 de la ley de Contrato de Trabajo, una norma de orden público que establece la continuidad laboral ante los cambios de titularidad de una concesión. Según remarcan los choferes, dicha obligación no puede ser desplazada por contratos administrativos, pliegos licitatorios ni por la falta de observaciones previas del gremio.

Desde el sector afectado rechazan de plano el argumento que comenzó a instalarse desde el oficialismo municipal, que intenta atribuir el problema a una supuesta omisión del sindicato al no impugnar oportunamente el pliego. “Ese planteo es jurídicamente falso”, advierten. “La ley laboral no depende de advertencias sindicales ni de reclamos previos: el Estado está obligado a cumplirla aun cuando nadie se lo recuerde”.

En ese sentido, subrayan que el municipio de Paraná fue quien redactó el pliego, lo aprobó, adjudicó la licitación y controla el servicio, por lo que no puede alegar desconocimiento de la normativa vigente. La ignorancia, el silencio o la omisión —afirman— no constituyen excusas válidas para el estado.

Los trabajadores también apuntan directamente a la intendente Rosario Romero en su carácter de autoridad concedente. Señalan que el ejecutivo municipal cuenta con facultades legales suficientes para corregir el pliego, exigir a la empresa adjudicataria la absorción del personal y adecuar el contrato a la ley. “No hacerlo no es una imposibilidad jurídica, es una decisión política”, sostienen.

La tensión se trasladó a la calle este lunes 15 de diciembre, cuando exchoferes de Buses Paraná (UTE ERSA Paraná y Transporte Mariano Moreno) realizaron una protesta en la plaza 1° de Mayo. Se trata de 237 trabajadores —“237 familias”, remarcan— que reclaman prioridad y continuidad laboral ante el ingreso del nuevo operador del servicio, San José SA.

Durante la manifestación, referentes de Unión Tranviarios Automotor (UTA) Entre Ríos ingresaron al Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Paraná para formalizar el reclamo. Según el planteo gremial, existe incluso una medida precautoria admitida por un juzgado laboral que ordenaría la absorción transitoria del personal hasta que haya una sentencia definitiva, aunque la empresa adjudicataria no estaría acatando ese criterio.

El conflicto expone un costado social que el municipio intenta minimizar. No se trata únicamente de una discusión legal o administrativa, sino de cientos de trabajadores que quedaron fuera del sistema y que reclaman por su fuente de ingresos en un contexto económico crítico.

Desde el sector afectado advierten además que la persistencia de esta postura oficial conducirá inevitablemente a la judicialización del caso, con el riesgo de futuras condenas económicas que terminarán impactando sobre las arcas municipales. “Cuando el estado viola la ley, el responsable no es el trabajador: es quien gobierna”, sostienen.

“Los trabajadores no generaron este conflicto”, concluyen. “Lo generó una licitación mal hecha y una decisión política de no corregirla”. (www.REALPOLITIK.com.ar)

¿Qué te parece esta nota?

COMENTÁ / VER COMENTARIOS