Martes 16.12.2025

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Propiedad de su hijo

Tostado: Piden investigar un entramado empresario vinculado al entorno de Patricia Bullrich

16/12/25 | Una denuncia presentada ante la Justicia Federal solicita una investigación integral sobre la cadena gastronómica Tostado y su presunto entramado societario, financiero y familiar. Sin imputaciones directas, el escrito advierte sobre posibles irregularidades de extrema gravedad institucional y exige la activación del deber legal de los magistrados.


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Una denuncia de alto voltaje institucional ingresó en las últimas horas al ámbito de la Justicia Federal y pone bajo la lupa a la cadena de confiterías y bares Tostado, una de las marcas gastronómicas de mayor expansión en los últimos años. La presentación, formulada por Daniel Sarwer, presidente de ARM Global ONG, reclama la apertura de una investigación judicial integral para esclarecer el origen de los fondos, la estructura societaria y los vínculos económicos que rodean al grupo empresario, en un contexto donde aparecen mencionados familiares directos de la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y terceros con presunta intervención en el entramado.

El escrito —de más de veinte carillas y dividido en tres tramos— fue presentado sin efectuar imputación penal directa, pero con una advertencia clara: los hechos expuestos, de corroborarse, podrían involucrar posibles responsabilidades penales, administrativas, fiscales y éticas, con impacto directo en la confianza pública y la credibilidad institucional.

Un crecimiento económico que despierta sospechas

La denuncia toma como punto de partida investigaciones periodísticas que revelan la expansión vertiginosa de Tostado, una cadena que en apenas cuatro años pasó de ser un emprendimiento incipiente a operar sesenta y seis locales activos, con proyección de alcanzar los cien puntos de venta, muchos de ellos ubicados en shoppings premium, aeropuertos y zonas de alquiler dolarizado.

Según datos públicos del sector de franquicias, cada local declararía una facturación promedio cercana a los 80 mil dólares mensuales, lo que arroja ingresos anuales estimados superiores a los 63 millones de dólares. El contraste con los antecedentes patrimoniales y laborales de quienes conducen formalmente la empresa es uno de los ejes centrales que la denuncia solicita esclarecer.

El rol de Francisco Langieri Bullrich

En el centro del esquema aparece Francisco Langieri Bullrich, hijo de la flamante senadora nacional. De acuerdo con la documentación incorporada, Langieri fue funcionario de segunda línea durante el gobierno de Mauricio Macri y no registraba antecedentes empresariales relevantes hasta el año 2020.

Sin embargo, en un lapso breve comenzó a figurar como socio mayoritario, administrador y luego presidente de sociedades vinculadas directa o indirectamente a Tostado. En particular, la denuncia destaca que Tostado Franquicias SA, constituida en 2021, lo designó presidente en marzo de 2024, coincidiendo temporalmente con la consolidación política de su madre dentro del gobierno nacional.


Una de las sedes de Tostado.

El escrito también subraya un dato llamativo: mientras las empresas asociadas a la marca declaran ingresos millonarios, Langieri figura en la central de deudores del sistema financiero con cheques rechazados por montos irrisorios, algunos inferiores a los 15 mil pesos, correspondientes a sociedades satélite del grupo. Ninguno de esos cheques registra cancelación.

Otro de los puntos que solicita investigación es la repetición de socios, domicilios y estructuras societarias en distintas empresas vinculadas al holding gastronómico. Varias sociedades fueron constituidas en simultáneo, con el mismo núcleo de accionistas y con direcciones que se reiteran en los registros oficiales.

La denuncia menciona además un dato particularmente sensible: una de las sociedades del grupo tendría domicilio fiscal en la vivienda particular de la ministra Patricia Bullrich, lo que, sin implicar delito alguno por sí mismo, refuerza la necesidad —según el denunciante— de una auditoría exhaustiva e independiente.


Patricia Bullrich y su hijo Francisco Langieri Bullrich.

Personas y figuras jurídicas bajo análisis

A los exclusivos fines investigativos, el escrito solicita analizar el rol de Guillermo Yanco, respecto de quien se pide determinar eventuales vínculos económicos, societarios o de intermediación. Sin adelantar calificación penal, la denuncia habilita el análisis de figuras como lavado de activos, enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos, encubrimiento agravado, asociación ilícita e incompatibilidad ética, todas ellas en grado presuntivo y sujetas al resultado de la investigación judicial.

Uno de los tramos más contundentes del escrito invoca expresamente el artículo 150 del Código Procesal Penal de la Nación, recordando que la sola puesta en conocimiento de hechos de posible relevancia penal activa el deber legal de actuación judicial. En ese marco, el denunciante deja constancia de que una omisión, dilación injustificada o archivo aparente podría comprometer la responsabilidad funcional de los magistrados intervinientes.

No es un detalle menor: la presentación recuerda que ya existió una denuncia previa derivada de una investigación televisiva en 2023 que, según reconstrucciones periodísticas, no registró avances visibles, sin citaciones, peritajes ni medidas de prueba relevantes.

Medidas concretas solicitadas

Entre las medidas reclamadas figuran el requerimiento de informes a la Unidad de Información Financiera (UIF), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Inspección General de Justicia (IGJ) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), una auditoría contable y fiscal integral, el resguardo urgente de prueba bancaria y digital y la investigación específica de los vínculos económicos de los actores mencionados.

La denuncia enfatiza que, aún en ausencia de imputaciones o condenas, existe un plano constitucional y ético autónomo cuando hechos graves y públicos comprometen la credibilidad de funcionarios de máxima jerarquía. En ese sentido, recuerda jurisprudencia de la Corte Suprema sobre la idoneidad moral como requisito esencial para el ejercicio de la función pública.

Detrás de la estética cuidada, los cafés de especialidad y la expansión comercial, la Justicia Federal tendrá ahora la responsabilidad de determinar si Tostado es simplemente un caso de éxito empresarial… o si encubre una trama de poder, dinero y conexiones políticas que exige una explicación urgente. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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