La crisis que atraviesa la Unidad de Pronta Atención Nro. 6 de Los Hornos se hace extensiva al hospital San Juan de Dios y continúa profundizándose, sumando denuncias de extrema gravedad que exponen un cuadro de violencia institucional, presunta malversación de fondos públicos y un marcado deterioro de las condiciones laborales y asistenciales.
Trabajadores de ambas instituciones alertaron sobre serias irregularidades en el manejo del SAMO, el Sistema de Atención Médica Organizada, que se financia con los pagos que realizan las obras sociales por cirugías, internaciones, estudios y prácticas ambulatorias en hospitales públicos. Se trata de fondos que ingresan todos los meses y que, por normativa, deben ser informados, auditados y distribuidos en parte entre los empleados.
Según los testimonios recogidos, desde hace tiempo el personal viene reclamando sin éxito una auditoría integral que permita conocer con precisión cuánto dinero ingresa por este concepto y cuál es su destino final. El reclamo fue planteado recientemente ante la nueva directora ejecutiva, Luciana Brividoro, cuando se presentó para abordar las múltiples quejas internas contra Guillermo Ramos y Eva Mercado, que incluyen maltrato laboral, amenazas, concursos presuntamente direccionados y posibles hechos de malversación de fondos.
De acuerdo a lo relatado por los trabajadores, Brividoro reconoció que el dinero del SAMO corresponde a los empleados y aseguró que la situación se iba a regularizar. Sin embargo, este mes la liquidación fue de apenas 2.160 pesos por trabajador, una cifra que generó indignación entre los distintos sectores. La situación afecta por igual a la Unidad de Pronta Atención Nro. 6 de Los Hornos y el hospital San Juan de Dios, que cobran en conjunto de la misma caja.
El malestar se agrava si se tiene en cuenta que son los propios profesionales quienes cargan en el sistema las prestaciones realizadas a pacientes con obra social, y que el volumen de esas prácticas supera ampliamente los montos que finalmente se les asignan. Por ese motivo, denuncian que existe un desvío sistemático de fondos hacia cajas chicas de la conducción, en perjuicio tanto de la institución como del personal que sostiene la atención diaria.
En paralelo, se multiplicaron las denuncias por las condiciones en las que se brinda la alimentación a pacientes y trabajadores que cumplen turnos de 12 y 24 horas. Desde la UPA aclararon que la unidad no cuenta con cocina propia y que la comida es provista por un servicio terciarizado, el mismo que abastece al hospital San Juan de Dios.
En ese marco, trabajadores denunciaron que en los últimos días las viandas llegaron en mal estado, una situación que ha alcanzado condiciones todavía más deplorables. Uno de los episodios más gráficos ocurrió hace apenas unos días, cuando el menú entregado para una guardia de 24 horas consistió en una pequeña berenjena con queso, de aspecto deteriorado. La imagen expone con crudeza el nivel de abandono denunciado con un inesperado ingrediente: gusanos.

El servicio de alimentación está destinado tanto a pacientes como al personal que permanece largas horas en funciones, por lo que la mala calidad de la comida no solo representa una falta grave, sino que impacta directamente en la salud física y psicológica de trabajadores ya sometidos a jornadas extenuantes, salarios deteriorados y un clima permanente de hostigamiento.
Este contexto, sostienen, explica la pérdida constante de profesionales en los hospitales públicos bonaerenses. Médicos, enfermeros, técnicos en rayos y laboratorio se ven obligados a sostener dos o más empleos para poder subsistir, profundizando el desgaste y afectando la calidad de la atención.
Las nuevas denuncias se inscriben en el mismo proceso de vaciamiento institucional que REALPOLITIK viene documentando en la UPA de Los Hornos. Reducción de guardias, traslados compulsivos, uso político del personal, persecuciones internas y un manejo opaco de los recursos conforman un cuadro que, lejos de corregirse, parece agravarse con el paso del tiempo.
Ante esta situación, los trabajadores insisten en que no se trata de hechos aislados, sino de un problema estructural que compromete la salud pública. Por ello, vuelven a exigir la intervención urgente del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, la realización de auditorías reales y el fin de prácticas que, denuncian, castigan a quienes sostienen el sistema y ponen en riesgo a los pacientes. (www.REALPOLITIK.com.ar)